La antigua instalación municipal está abandonada y destrozada diez años después de cerrar
29 may 2018 . Actualizado a las 18:55 h.Los grafiteros de Lugo deben de ser de los más afortunados de España. Tienen a su disposición un matadero que está valorado en casi un millón de euros. Es de propiedad municipal, va camino de cumplir diez años abandonado, está destrozado y es actualmente otro de los museos no oficiales del grafiti que hay en las proximidades de la capital lucense. Está situado en un terreno próximo a la estación depuradora de aguas, muy cerca del Miño y en una zona de gran valor natural. El Concello no sabe qué hacer con la instalación.
Aunque la parcela está vallada y cerrada con una cancilla con candados, cualquier persona puede entrar a través de una rotura efectuada en la verja metálica. No existe control alguno ni prohibición.
La instalación se encuentra prácticamente arrasada en su interior. Las paredes, las puertas de las cámaras, los baños, las duchas y los vestuarios fueron tomados por los grafiteros, que llevaron al lugar cajas y cajas de aerosoles para realizar sus obras, que no solo están en el interior sino que pueden verse también en todo el exterior del edificio. Para entrar dentro de la nave fueron arrancadas de cuajo algunas puertas y realizados butrones en varios tabiques. La instalación no presta ningún tipo de servicio desde finales del año 2009.
Una complicada concesión que data de 1989
El matadero municipal fue un verdadero incordio para los gobiernos municipales desde que en 1989 fue realizada la concesión por un plazo de 25 años. La instalación se hizo después de clausurado el situado en el barrio de O Carme, actualmente museo. Pronto empezaron los problemas y, además, gordos. A principios del año 2004, la empresa que tenía adjudicada la concesión ya arrastraba una deuda de 934.000 euros con el Concello. No pagaba ni el canon ni el agua, y en algunos momentos los ediles encargados del asunto tuvieron problemas para contactar con la sociedad. A finales de 2009, la empresa Frimiño echó a la calle a los 14 empleados y estos iniciaron un largo proceso judicial para que sus derechos fueran reconocidos. Un juzgado les dio finalmente la razón, pero eximió al Concello de Lugo de cualquier tipo de vinculación con ellos.