Desatender el pozo de A Garaballa costó al Concello 3 multas de la Hidrográfica
LUGO CIUDAD
La cuarta podría llegar en breve tras la contaminación de esta semana
26 may 2018 . Actualizado a las 00:03 h.Con lo que el Concello de Lugo lleva pagado en multas a la Hidrográfica, por desentenderse del funcionamiento del pozo de tormenta de A Garaballa, tendría para que la instalación funcionarse a la perfección. De momento abonó dos multas que, según algunos datos, alcanzan los seis mil euros. A mayores, tiene en camino otra que podría superar incluso los 3.000 y en ciernes está otra por el vertido detectado a principios de esta semana.
La primera sanción de la Hidrográfica data de febrero de 2015. La siguiente llegó en julio de 2017 y el 31 de enero de este año le fue abierto a la institución lucense un nuevo expediente como consecuencia de una denuncia presentada por el BNG. El problema con esta instalación se arrastra desde hace ya varios años, pero las soluciones por parte del gobierno local no llegan. Ahora emplaza a la adjudicación del ciclo del agua para que la nueva empresa se haga cargo del asunto. «Se non son capaces de atender e conseguir que funcione esta pequena instalación, non é de estrañar que outros servizos non funcionen», expresó un vecino que tiene la casa próxima a la instalación.
El convenio, según el cual el Concello de Lugo se comprometía a mantener la instalación fue firmado por el anterior alcalde, José Clemente López Orozco, después de que en abril de 2004 hubiesen terminado las obras de acondicionamiento de los colectores generales de los ríos Ratos, Chanca y Fervedoira. Posteriormente, tras la finalización de estas actuaciones y, como consecuencia de la construcción del área comercial de As Termas, junto con el inicio de las obras de la urbanización de A Garaballa, se generó un problema de gestión de las aguas residuales y pluviales que motivó la construcción del aliviadero.
Crítica del PP
El PP lamentó ayer que el gobierno local «desentenda as súas competencias en materia de salubridade». Dicen que pagan 150.000 euros cada mes por la gestión de la EDAR y la valoración global de calidad de la explotación es muy deficiente. Según el edil Antonio Ameijide, no cumple las exigencias de la autorización del vertido, «algo que resulta alarmante porque non é un feito puntual».