Los críticos dicen que no dio los datos económicos del Consello Galego durante 2 años
19 abr 2018 . Actualizado a las 21:39 h.El enfrentamiento abierto y la polémica que afecta al Colegio de Veterinarios de Lugo se extiende también al Consello Galego de Colexios Veterinarios. La presidenta de Lugo, que a la vez fue tesorera del órgano gallego, reclama que esta entidad le pague a la de Lugo una deuda de 60.000 euros. Los críticos con Ana López Pombo, la rectora del colegio lucense, dicen que esta pasó dos años sin presentar las cuentas del Consello y ahora reclama. Ella, en cambio, explica en una carta dirigida a todos los colegiados, que los críticos votaron a favor de una propuesta económicamente perjudicial para la institución lucense.
El enfrentamiento en el colegio lucense está motivado, entre otras razones, porque Ana López Pombo es concejala del PP en el Concello de Lugo y quienes critican su gestión dicen que usó el organismo colegial con fines partidistas. El nuevo escenario de polémica, el Consello Galego de Colexios Veterinarios, motivó un cruce de comunicados entre ambas partes.
Los tres miembros críticos que están en la directiva que preside López Pombo, informaron de que esta actuó como secretaria del Consello entre 2011 y 2016 y como vicepresidenta y tesorera desde 2016 hasta la actualidad. Sin embargo dicen que, a principios de mes, hubo una asamblea general en la que dimitió el presidente y convocó elecciones. Las nuevos comicios serán el próximo día 30.
Las funciones del consello son la coordinación de los colegios provinciales, resolver recursos y gestionar el registro gallego de identificación de animales de compañía. Explican los críticos que no debería tener beneficios, pero los remanentes de la venta de microchips debería retornar a los colegios provinciales de manera proporcional. «O Consello levaba moitos anos, case dez, sen chegar a ningún tipo de acordo económico para retornar esas cantidades aos colexiados e estaba nunha situación de bloqueo. Todos os colexios manteñen débedas co consello por unha ou outra cuestión, e o consello, a súa vez, tamén mantiña débedas con todos os colexios porque non aboaba o retorno dos microchips», aclaran los críticos.
La situación se hizo más grave, dice la misma fuente, desde 2016 por la dimisión del secretario y la no renovación del cargo. «Ademais ?dicen? a tesoureira, Ana López Pombo, non presentou as contas relativas aos anos 20016 e 2017, nin presupostos; non se realizaron as obrigatorias asembleas xerais dende xuño de 2016, nin as reunións do comité executivo dende outubro de 2016».
Varios colegiados reclamaron por burofax primero y por requerimiento notarial más tarde las cuentas y la celebración de una asamblea. En esa junta fue aprobada la propuesta económica del presidente de Pontevedra. Las cuentas, dicen, fueron elaboradas por el asesor contable del colegio de Lugo y no tuvieron ningún reparo ni por parte de la presidenta ni el vicepresidente de Lugo, que luego en la asamblea votaron en contra, según cuentan los críticos.
De acuerdo con la versión de los contrarios a López Pombo, el Consello Galego debe al colegio lucense 23.964 euros por microchips y 6.990 por cuotas colegiales. Este órgano reclama al colegio de Lugo 5.250 por un curso de tuberculosis.
«Non se pode retornar a totalidade dos fondos do Consello Galego xa que ten que facer fronte ós seus próximos gastos (...) Se «reparte» a totalidade dos activos ao colexio de Lugo retornarían máis cartos, tamén aos restantes colexios; pero obviamente isto non é posible nin lóxico», dicen los críticos en un comunicado enviado a los colegiados.
«Durante 11 años, los administrativos del Colegio de Lugo trabajaron gratis para el Consello Galego»
La presidenta del Colegio de Veterinarios de Lugo, en una carta enviada a los colegiados, dice que el Consello Galego tiene una deuda de 544.015 euros con los colegios y advierte: si los de A Coruña y Pontevedra pagaran lo que deben, tendría en cuenta 900.000 euros no los 410.000 que tiene. Asegura que al colegio que preside le correspondería recibir 131.804 euros, sin embargo lo acordado en la asamblea, con los votos de los críticos de Lugo, «nos ocasiona un perjuicio económico de 60.000 euros, lo que que no está dispuesta admitir la parte mayoritaria de los miembros de la junta de gobierno colegial».
Los 60.000 euros salen de restar lo que el colegio de Lugo tenía sin pagar al Consello. Dice además la presidenta de Lugo que el órgano gallego tiene pendiente de pagar a Lugo 2.527 euros en concepto de alquiler del piso donde se tramitan los registros de animales de compañía.
López Pombo apunta que en la asamblea debería haberse «deliberado con más detenimiento sobre el criterio de reparto del porcentaje por identificación de animales. «Los datos aportados por el Regiac (acrónimo con que se denomina el registro de animales de compañía) no corresponden con los animales identificados por los colegiados de cada provincia sino que se corresponden con los del domicilio donde consta el propietario del animal, independientemente de donde el esté el colegiado veterinario que lo identificó».
La presidenta dice que le imputan a Lugo deudas «que realmente no lo son, como la inscripción de un curso de tuberculosis».
Trabajo de administrativos
Desde 2004 a 2015, la sede del colegio de Lugo actuó como sede del Consello Galego, «aún cuando no le correspondía, con lo cual durante 11 años los administrativos del colegio lucense trabajaron para el consello, pero este no ha pagado nada por esos servicios, lo cual debería contabilizarse haciendo una estimación».
Ana López Pombo indica en la misiva a los veterinarios lucenses que el acuerdo tomado en la asamblea «es posible que tenga que acatarlo esta presidenta y los miembros de nuestra junta directiva que votamos en contra, dado la falta de unanimidad evidenciada por un sector minoritario de aquella en la votación». Explica que, ante esta situación, «estamos estudiando las fórmulas legales para que nuestro colegio provincial de Lugo reciba lo que en justicia le corresponde, máxima teniendo en cuenta que la propuesta se presentó con mucha premura, sin apenas dejar tiempo a estudiarla y sin pedir la valiosa e independiente opinión del asesor económico del Consello».