Una empresa de la UTE renuncia, pero la otra no

Los sindicatos dicen que las firmas no asumen ni la desinfección de uniformes


lugo / la voz

El servicio del 061 en la zona centro de Lugo fue adjudicado en su momento a una unión temporal de empresas (UTE) formada por el grupo Salutrans y por Ambulancias Iglesias, que se repartieron el trabajo. En estos momentos se está produciendo una situación cuando menos curiosa. El primero fue el que presentó la renuncia, que abarca a las ambulancias que prestan el servicio para la fundación sanitaria, alegando que está registrando pérdidas. La segunda, sin embargo, no dio ese paso. Ninguno de los dos parece dispuesto, al menos de momento, a hacer ningún tipo de declaración, y prefirieron no atender las llamadas de los medios. Fuentes próximas al sector señalaron, sin embargo, que la situación actual «es muy mala por el desequilibrio entre el servicio que se presta y el precio que pagan por él».

Fuentes sindicales constataron que se está valorando la posibilidad de convocar movilizaciones. Señalaron que ni la empresa que presentó la renuncia ni la que no lo hizo están cumpliendo con lo estipulado en el convenio colectivo del sector desde hace ya bastante tiempo. Apuntaron que iniciaron un proceso de inaplicación del convenio, pero que está de momento en espera.

Aluden a cuestiones estrictamente relacionadas con los salarios, pues cada empresa está pagando con acuerdos individuales, que no contemplan el elevado volumen de horas extraordinarias que se están realizando ni las cantidades que estipula el convenio, según fuentes sindicales. Pero también se refieren a asuntos de ámbito sanitario. «En limpeza e desinfección de uniformes -señaló la misma fuente- non hai en Galicia ningunha empresa do sector que estea garantindo que o fagan, e levan a roupa a lavar á casa, cando moven pacientes con enfermidades infecciosas». «A Administración -insistieron- debería ter verdadeiro interese en que se cumprise este apartado do convenio».

Fuentes consultadas señalaron que esta situación, que pretende atajar la nueva Ley de Contratos, que entrará en vigor a finales de marzo y que garantiza que todo concurso tiene que cubrir el cumplimiento del convenio colectivo, debería resolverse de forma inmediata. De otra forma, señalaron, se está comprometiendo la viabilidad de las empresas que están afectadas.

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