Exediles nacionalistas y exresponsables de BNG y PSOE declaran en el caso Garañón

En calidad de testigos y, según parece, al hilo de una nota encontrada en los registros a Fernández Liñares


lugo / la voz

En 2007, socialistas y nacionalistas intentaron un pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Lugo, similar al que habían mantenido entre 1999 y 2003. El acuerdo no fructificó. De aquellas conversaciones parece que tomó alguna nota el socialista Francisco Fernández Liñares, que posteriormente se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la operación Pokémon. Al hilo de una de aquellas notas, en el marco de la investigación sobre la urbanización O Garañón, la jueza Pilar de Lara interrogó ayer, en calidad de testigos, a los exconcejales nacionalistas Xosé Anxo Lage, Antón Bao y Paz Abraira, así como a quien entonces era responsable comrcal del BNG, Xesús Méndez, y al socialista Luis Ángel Lago Lage, que entonces era secretario provincial del PSOE.

De las versiones que trascendieron se infiere que en las notas de Liñares figura un apunte en el que se decía algo así como «tema gordo» sobre los convenios; parece que podría deberse al interés del BNG en tener capacidad de firmar convenios . Hay que recordar que para O Garañón hubo un convenio entre la propiedad y el Concello. Todos los que declararon indicaron que nunca se mencionó ningún tipo de ilegalidad durante las conversaciones. En síntesis, parece que si no hubo acuerdo no fue debido ni al PXOM, ni al Garañón, sino porque el BNG y el PSOE tenían dos modelos distintos de ciudad. Dado que el asunto estaba ya en vía judicial, estuvieron de acuerdo en esperar las resoluciones judiciales y acatarlas. Bao manifestó que acudieron a declarar, citados como testigos, para cumplir con esta obligación ciudadana. Dijo: «Non hai nada en contra de nós, nin do Bloque».

El abogado de José Ramón Gómez Besteiro se opuso en el pasado mes de octubre a esta línea de investigación. A las partes les fue comunicada recientemente. La jueza, al parecer, dijo ayer que tomaría las declaraciones y que en todo caso cabe la posibilidad de recurso. Este abogado usaba el móvil como procesador de texto según parece durante las declaraciones; la jueza le dijo que no podía usarlo (en la puerta hay un cartel que indica la prohibición de usar el móvil). Al parecer, el abogado aludió a cómo se entiende la modernización de la vida judicial.

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