La Audiencia archiva el caso de los ancianos llevados a votar en sillas de ruedas en 2012

Estaban investigados cuatro conocidos militantes del Partido Popular de Lugo


lugo / la voz

La Audiencia Provincial acordó el sobreseimiento provisional y archivo de actuaciones en el caso del traslado, por conocidos militantes del PP, de ancianos del Asilo, en sillas de ruedas, al colegio electoral de Río Neira en las elecciones autonómicas de octubre de 2012. La resolución contó con el voto particular de la magistrada Ana Rosa Pérez Quintana.

La audiencia resolvió los recursos de apelación presentados tanto, por un lado, por el ministerio fiscal y los investigados (José Luis Iravedra Lestal, Serafín Rodríguez Rodríguez, Teresa Taboada y Benigno Gómez Abel) y, por otro, el de Esquerda Unida, que fue el grupo que en su momento presentó denuncia en la junta electoral y ejerció como acusación popular. Los recursos de la fiscalía y de los investigados se presentaron frente la continuación de la causa decidida el 3 de junio de 2016 por el Juzgado de Instrucción número 2, pese a que el fiscal pidió el archivo en varias ocasiones.

En los fundamentos de Derecho, la Audiencia señala: «En los diversos recursos interpuestos por los investigados, y también en el del ministerio fiscal, se alega la imposibilidad de continuar esta causa exclusivamente en base al ejercicio de la acción popular. El Tribunal no está de acuerdo». Tras analizar la jurisprudencia conveniente al caso, concluye respecto a este perfil del recurso: «Por tanto, sin perjuicio de pareceres discrepantes, este Tribunal considera esta jurisprudencia de aplicación al caso de autos, en cuanto que en los delitos electorales no existe un perjudicado concreto que pudiera ejercitar la acción particular».

Sin encaje penal

El tribunal analiza los posibles tipos penales en los que podrían incurrir quienes trasladaron a votar en sillas de ruedas a personas de avanzada edad residentes en el Asilo de San Roque. Descarta que puedan encuadrarse como «actos de propaganda una vez finalizada la campaña electoral». Entiende que tampoco puede enmarcarse en lo previsto acerca de funcionarios que abusan de su posición. Igualmente no encuentran encaje a los hechos denunciados en los casos previstos por quienes recurren a recompensas y dádivas o a la violencia para presionar a los electores. Por ello, «(...) aún partiendo del carácter meramente indiciario de la imputación que se realiza en la resolución recurrida, el Tribunal considera que los hechos objeto de la causa, definidos de la manera en la que lo hace la resolución que se recurre, no puede estimarse, de

lege data

, que sean constitutivos de ninguna de las infracciones penales a las que se refiere la acusación popular y que la resolución recurrida parece asumir».

Analiza seguidamente si los hechos investigados pudieran constituir un delito electoral en el sentido de «consentir, pudiendo evitarlo, que alguien vote dos o más veces o lo haga sin capacidad legal, o no formular la correspondiente protesta». Y a partir de este perfil de la cuestión entra en el análisis de determinar qué es «capacidad legal». La conclusión a la que llega el tribunal es esta: «(...) sin perjuicio del reproche ético y social que merecen hechos como los que son objeto de esta causa, en el concreto caso de autos el Tribunal considera que no está debidamente acreditado, ni siquiera con carácter indiciario, que las personas que fueron llevadas a votar el día 21 de octubre de 2012 a las elecciones al Parlamento de Galicia, en atención a la documental médica y a los informes médicos emitidos, fuesen personas con sus facultades intelectivas y volitivas mermadas de manera que se pueda afirmar que carecerían de capacidad para comprender y, por tanto, para decidir su intención de votar y el sentido de su voto». Añade: «Es más, no existe juicio forense alguno en varios casos y, en otros, tampoco lo hay sobre esa falta de capacidad». La Audiencia estima los recursos de apelación «(...) por considerar que no está debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa» y decide su sobreseimiento provisional y archivo.

Los motivos del voto particular de una magistrada

La magistrada Ana Rosa Pérez Quintana argumenta su voto particular en su discrepancia con «la valoración de ausencia de indicios suficientes de que las personas que fueron llevadas a votar (...) [eran] personas con sus facultades intelectivas y volitivas mermadas de manera que se pueda afirmar que carecerían de capacidad para comprender y, por tanto, para decidir su intención de votar y el sentido de su voto». Relata lo expuesto en los informes forenses acerca de cinco de las ancianas trasladadas. Señala que la causa no debiera ser archivada y que procedía valorar el recurso de apelación de EU que pretendía la imputación de la directora de la residencia.

El fiscal nunca vio delito

El fiscal pidió el archivo de las diligencias en varias ocasiones, una de ellas en septiembre de 2016. Argumentó una razón «que deriva del hecho de haber instado el ministerio fiscal el archivo de las actuaciones y sustentar la única otra parte acusadora personada en autos la condición de acusación popular». Añadía: «En dichas condiciones, no resulta procedente la continuación de las actuaciones por cuanto, conforme a la doctrina sentada por el Tribunal Supremo (...) no resultaría posible acordar la apertura de juicio oral a instancia exclusiva de la acusación popular (...)».

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