En el Ayuntamiento de Lugo estaban avisados

Luis Latorre

LUGO CIUDAD

10 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó una sentencia que da la razón a los argumentos planteados por la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (APEC) en el tema de las vigentes tasas de ocupación de vía pública. Este tributo es habitual en todas las ciudades y grava cualquier aprovechamiento en la calle: desde las terrazas de los bares, los carteles anunciadores en vía pública o las grúas de las obras hasta las barracas y casetas de San Froilán.

La tasa se calculó basándose en el precio del suelo en el catastro, y sobre ese dato se hicieron todas las operaciones posteriores. El problema es que el catastro refleja el precio de la propiedad del suelo, cuando lo que se hace en realidad cuando se paga la tasas es «alquilar» ese suelo al Ayuntamiento por un tiempo determinado, normalmente un año. Es decir, que se paga a la Administración como si se le comprara todos los años el suelo en lugar de usarlo, lo que explica que en Lugo la tasa de terrazas se fijara en 145,54 euros por metro cuadrado frente a los 5,34 de Vigo, es decir un 2.725 %.

Este error fue advertido por la asociación Lugo Monumental, que alegó a las ordenanzas fiscales argumentando lo que ahora avala el juzgado, e incluso yo mismo mantuve una reunión con la concejala Ana Prieto y los técnicos municipales en que les expliqué el error. No me hicieron caso y ahora vemos las consecuencias. Contrastando con la pasividad de otras asociaciones profesionales, la dinámica APEC llevó el tema a los tribunales porque perjudicaba notablemente a sus asociados y la justicia les (nos) ha dado la razón.

Esta sentencia solo anula lo relacionado con la construcción porque la APEC es de ese ramo y aunque no especificó qué artículos impugnaba el TSXG optó por anular aquellos en que son interesados. Pero eso no implica que no se puedan anular los demás. Cualquier perjudicado, con esta sentencia en la mano, tiene todas las de ganar, así que cualquier persona que haya pagado tasas de ocupación de vía pública en 2016 puede recuperar su dinero. Sin ir más lejos los adjudicatarios de las polémicas casetas del San Froilán podrán recuperar los 325,07 euros por metro lineal que tuvieron que pagar. Y había muchos metros.

También son perjudicados los barraquistas, cuyas tasas no se concretaban en las bases pero que no serán bajas, y los empresarios que pagaron 97,55 euros de más, cada uno, por poner su caseta en Gastroarte. Mucho dinero.

El Ayuntamiento de Lugo aquí no ha estado hábil, y no será porque no se les avisara. Ahora eso lo vamos a pagar entre todos.