El TSXG anula la ordenanza fiscal de Lugo que grava la instalación de grúas

Enrique G. Souto LUGO / LA VOZ

LUGO CIUDAD

OSCAR CELA

La sentencia se refiere a la de 2011, pero también está recurrida por la APEC la misma ordenanza del 2015

26 nov 2016 . Actualizado a las 13:58 h.

Más complicaciones para el gobierno local. El TSXG acaba de ratificar la resolución del juzgado de instancia y da la razón a la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (APEC), presidida por Hipólito Trinidad Losada, en su recurso contra el artículo 4, epigrafe 2 (grúas), de la ordenanza fiscal número152, de la ordenanza fiscal de Lugo sobre aprovechamientos especiales de la vía pública. La decisión judicial se debe a que el cambio producido en la ordenanza no está apoyado en un estudio o memoria económico financiera.

La APEC recuerda que «el pleito fue planteado por los servicios jurídicos de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Lugo al impugnar una liquidación por tal tasa a uno de sus asociados; en aquel momento, el Juez de lo Contencioso de Lugo no sólo estimó la reclamación, sino que procedió a plantear ante el TSXG la nulidad de la ordenanza, que finalmente ha sido dispuesta por esta sentencia».

Consecuencias

La modificación de la ordenanza supuso en aquel momento, según recuerda la APEC, una subida del 3.626% de la tasa. La resolución judicial puede traer cola. La APEC lo explica así: «Las posibles consecuencias de esta sentencia están siendo estudiadas, pues cabe entender que las revisiones y actualizaciones operadas con posterioridad podrían ser igualmente nulas por tener su origen en esta modificación. En tal sentido hay que hacer mención a que la Ordenanza 152 correspondiente al año 2015 ha sido recurrida igualmente por APEC ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, siendo uno de los argumentos esgrimidos justamente el que ahora ratifica ese Tribunal por esta sentencia. En consecuencia, es posible que todas las liquidaciones de tasas por implantación de grúas en suelo privado puedan ser impugnadas con amplias posibilidades de éxito».

El presidente de los constructores, Hipólito Trinidad, considera lamentable que «para poder trabajar en este país haya que estar recurriendo continuamente a los Juzgados para solucionar los problemas, perdiendo tiempo y dinero que podríamos emplear en trabajar y crear riqueza».