La empresa de la Fábrica da Luz cree que hay prevaricación administrativa
11 oct 2016 . Actualizado a las 12:24 h.La empresa Inca Servicios e Ingeniería Civil, S. A., adjudicataria de la Fábrica da Luz, presentó una querella por un presunto delito de prevaricación administrativa contra la directora general de Conservación da Natureza, de la Consellería de Medio Ambiente; la jefa de este mismo departamento en Lugo y cuatro de los máximos cargos de la Confederación Hidrográfica Miño Sil, entre ellos su presidente. Esta decisión de la empresa viene a sumarse a la gran polémica existente como consecuencia de la larga paralización de las obras de la mini central hidroeléctrica en la que fueron enterrados cientos de miles de euros de fondos públicos y la posterior construcción de un dique en aguas del río que sigue en el mismo, porque la organización ecologista Adega, se opone a la continuidad del proyecto.
El proyecto de la recuperación y concesión de la explotación y mantenimiento de la central es del año 2008. En 2015 fue autorizado por la Hidrográfica, siendo el titular de la concesión el Ayuntamiento de Lugo y estableciéndose un plazo de 18 meses para la ejecución de las obras.
Según Inca, que consiguió la concesión del contrato, se cumplimentaron todos los trámites administrativos y la declaración de impacto ambiental fue favorable. Incluso hubo informes a favor de varios organismos de la Xunta. La organización ecologista Adega, algunos de cuyos miembros se oponen ahora a la ejecución del proyecto, recuerda la empresa, no llegó a presentar alegaciones durante la declaración de impacto ambiental. A mayores, expone la querella, el proyecto también fue informado favorablemente por la oficina de planificación hidrológica. «En definitiva -recuerdan los querellantes- la obra contó con todos los títulos necesarios jurídicos para su ejecución». Y el proyecto, advierte la empresa, contemplaba la ejecución de un sistema de ataguías.
Destaca la empresa que el proyecto fue sometido a declaración de impacto ambiental aún cuando no era necesario. «A pesar de contar la empresa constructora con las debidas autorizaciones administrativas y los necesarios informes ambientales, al objeto de desarrollar la obra proyectada, tanto la Confederación Hidrográfica como la Dirección De Conservación da Natureza, a través de sus funcionarios responsables han sido protagonistas de una gradual irregularidad administrativa que pone de manifiesto una evidente voluntad obstaculizadora y omisiva que sobrepasa la mera falta de diligencia, para presentar claros indicios de constituir un comportamiento prevaricador atendiendo el carácter clamoroso de la gratuidad y arbitrariedad en su actuación», apunta la querella.
Dicen los autores del documento que «la voluntad torticera y dolosa por parte de los autores de los hechos está dirigida a impedir el desarrollo de la obra que fue legítimamente concedida y autorizada y para cuyo desarrollo se llevó a cabo una importante inversión de medios».