Dice que la jueza que ordenó registrar Menores no llegó a concretar las irregularidades a las que hacía referencia
16 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La fiscalía no encuentra ningún motivo para que la operación Bebé siga viva y plantea el sobreseimiento libre de la misma. El juez que se encargaba de la instrucción, después de tomar una serie de declaraciones por orden de la Audiencia Provincial, envió el asunto al Ministerio Público para que se pronunciase al respecto. Y la decisión ya no fue plantear el sobreseimiento provisional, sino que solicita que este tenga carácter libre. Esto quiere decir que, de ser estimada su propuesta, no podrá volver a activarse una investigación relacionada con la decena de madres que manifestaron que sus bebés les fueron retirados parece que en circunstancias no muy claras. Pero la fiscala del caso entiende que de todo eso no hay pruebas y, además, en su informe se muestra crítica incluso con la jueza que abrió la operación y que luego la dejó alegando amistad con la abogada de una de las madres.
Según la fiscala, en el auto en el que se acordó la entrada y registro en la sede de Menores de Lugo se justifica esa medida haciendo referencia a graves irregularidades, «si bien no se llegan a concretar, haciéndose alusión únicamente a la existencia de «informes de las personas que intervienen de un modo u otro en el expediente administrativo que se basan a su vez en informes cuyo contenido no es el que aluden» y a que «se hace referencia a situaciones con fundamento a sus decisiones administrativas».
Destaca la fiscala que la operación se reactivó por varias denuncias suscritas por profesionales de la abogacía que dijeron haber detectado irregularidades en varios procedimientos administrativos, sin embargo advierte que no llegaron a concretar las ilegalidades.
Sin identificar
Además recuerda que, durante el proceso, algunas madres hablaron supuestas presiones a la hora de dar en adopción a sus hijos o que no habían actuado libre y voluntariamente, pero advierte que no llegaron a identificar a las personas que supuestamente ejercían las presiones.
Señala también la representante del Ministerio Público que, a la hora de valorar la corrección o incorrección de la decisión administrativa de desamparo de los menores por parte del correspondiente servicio de la Xunta, hay que tener en cuenta que «las eventuales consecuencias adversas es preciso debatirlas en el ámbito de la jurisdicción civil».
En cuanto a un posible delito de desobediencia grave que cita el auto de entrada y registro en la Xunta, la fiscal dice: «no se ha precisado en ningún momento qué fue lo que supuestamente se desobedeció por parte de la entidad pública, pero en todo caso lo que quedó acreditado es que no existió ningún requerimiento por parte de la autoridad hecho con las formalidades legales ni ninguna oposición voluntaria, obstinada o contumaz al mismo».
Sobre el posible delito de prevaricación administrativa, la fiscala dice que ninguna de las personas que declaró como investigada (trabajadoras sociales, psicólogas, exsubdirectora médica del Hospital da Costa y una jefa de sección) dictaron resoluciones en asuntos administrativos. Además advierte: «no se logró encontrar un solo acto resolutivo que se pueda considerar injusto».
No criminalizar
Recuerda que los letrados cuestionaron el proceder de la Xunta en la tramitación de los expedientes ya que las declaraciones de desamparo de los menores se acordaban simultáneamente la suspensión cautelar del derecho de los padres a relacionarse con sus hijos. Sin embargo advierte que ya se pronunciaron otros órganos judiciales. «No es admisible -dice la fiscala- que se intente criminalizar un comportamiento que no consta que haya resultado lesivo para los derechos e intereses de los menores, convirtiéndolo en una conducta delictiva, pues ello, aparte de no estar justificado en este caso, supone en general una desmesurada extensión del ámbito de la o punitivo (...)».
Recuerda finalmente que no se demostró ningún maltrato infantil y, recuerda, que las monjas del Hogar Madre Encarnación, que declararon como investigadas, dijeron que daban la medicación a los niños que tenían acogidos.
Ningún fiscal asistió a las declaraciones en el juzgado, recuerdan algunas afectadas
La propuesta de la fiscala de darle carpetazo definitivo a la operación Bebé ha generado un fuerte malestar entre afectados y sorpresa entre abogados porque el sobreseimiento tuviese carácter libre. «Es difícil de entender una decisión de estas características cuando ningún fiscal estuvo presente en ninguna de las muchas declaraciones llevadas a cabo durante la instrucción», indicó ayer una persona próxima a una madre afectada. Añadió que, desde el primer momento daba la sensación de que el Ministerio Público, con el que incluso llegaron a producirse disquisiciones públicas, parecía no estar muy interesado en el caso.
Abogados de la operación consultados ayer al respecto explicaron que se reservaban su opinión, pero recordaron que todas las testificales habían sido decididas por la titular del Juzgado de Instrucción número 2, sin haberlas planteado los abogados.
Ahora, el juez del caso tendrá que adoptar una decisión y comunicarla a las partes.
El Adarve: Siete años
La operación Bebé parece estar al borde del archivo después de siete años dando bandazos por los juzgados. Los ciudadanos no entienden, y es normal, cómo durante todo este tiempo no hubo nadie capaz de darle agilidad al asunto. Y llegaron las prisas. El juez le pasó la pelota al fiscal que ahora plantea sepultarla para siempre. Si prospera su propuesta, aunque aparezcan pruebas sobre la decena de bebés, nadie podrá hacer nada. De un extremo al otro.