¿Alguien quiere hacerse cargo de la instrucción de la operación Pollo?

La jueza de Instrucción 2 devuelve el caso a su colega del 3 que antes pidió el reparto de la causa

Algunos de los explotados vivieron en un piso patera en Lugo.
Algunos de los explotados vivieron en un piso patera en Lugo.

lugo / la voz

¿Alguien está interesado en encargarse de la instrucción de la operación Pollo? Si la respuesta es afirmativa, que se presente en los juzgados y que se haga cargo de las decenas de tomos que tiene la causa. Posiblemente podrá llevárselos porque en la casa de la justicia nadie quiere hacerse cargo de la misma. Una macro investigación iniciada hace ocho años con decenas de imputados y, sobre todo, parece que centenares de extranjeros explotados, no solo está parada sino que anda dando bandazos para ver quién se la quita de encima.

De la puesta en marcha de la misma se ocupó la jueza Estela San José. Pero esta se marchó y su sustituto consideró que el asunto tenía que ser enviado a reparto. Por eso hace unos meses se lo mandó al juzgado decano para que procediera. Y la operación Pollo fue entregada al Juzgado de Instrucción número 2, sin embargo su titular firmó hace unos días un auto que concluye con la devolución de la causa al Juzgado de Instrucción número 3, «rexeitando o reparto efectuado extemporáneamente a favor deste xulgado máis de sete anos despois da incoación das Diligenxias Previas 1906/2008 do Xulgado de Instrucción 3 de Lugo».

Vuelve entonces la operación pollo al juez que trató de deshacerse de ella. Pero puede que no acabe ahí porque, contra el auto de la magistrada Sandra Piñeiro Vilas, puede interponerse recurso de reforma.

Advierte la jueza que las actuaciones comenzaron en junio de 2008 en base a un oficio que participaba el ingreso hospitalario en Lugo de uno de los detenidos, un ciudadano marroquí al que le imputaban delitos de robo con violencia. Esos hechos ocurrieron en el parque Rosalía de Castro dos días antes, cuando estaba de guardia el Juzgado de Instrucción número 3.

Por esos hechos hubo una ampliación de las diligencias incluyendo un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. «Malia non establecerse un xuízo de conexidade, foi practicada unha instrucción exhaustiva e agotadora, recibíndose declaración a diversas testemuñas e ditándose diversas medidas cautelares como ordes de detención xudiciais», dice la jueza que recuerda que en julio de 2008 hubo una acumulación de diligencias a otras que estaban abiertas en Ponferrada.

Con motivo de la práctica de la primera diligencia, uno de los imputados comenzó a relatar hechos totalmente ajenos de los que era presunta víctima, en concreto explotación laboral. Eso suponía un hallazgo casual y, en un nuevo auto, se indicaba que no solo era objeto de investigación los robos sino delitos contra los derechos de los trabajadores revelados repentinamente por el detenido. Esto dio lugar a nuevas resoluciones judiciales.

Finalmente fue este último delito el que permaneció como objeto de investigación con motivo de la expulsión de España del hombre que también estaba acusado de robo con violencia.

«Durante case oito anos de instrucción sumarial, non se denunciou a omisión do reparto, malia o ditado de resolucións, nin polas partes nin polo Ministerio Fiscal», asegura la jueza. Recuerda que la base de la remisión a reparto de la causa ahora «radica en que as actuacións non foron remitidas a reparto, nembargantes tal omisión nin carrexaría, en principio, nulidade de actuacións, nin cabería verificar unha nova repartición case oito anos despois de esgotadora instrucción».

La jueza Sandra Piñeiro Vilas saca a colación la sentencia del Supremo sobre la operación Rei y advierte que esta concluyó que no «hai violación da garantía constitucional do dereito fundamental ao xuíz ordinario e proclama a validade da instrucción».

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