¿Presupuesto inflado en 12.000 euros para pagar favores?

La Voz

LUGO CIUDAD

15 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

La Campeón está dando sus últimos coletazos antes de entrar ya en fase de juicio oral. La Audiencia Provincial mandó en su momento que se hicieran unas investigaciones con relación a los pasos dados por Carlos Monjero, socio de la empresa Proitec de Lugo y Carlos Silva Liste, el que fue número dos del IGAPE. Después de tomarles declaración, el juez que lleva el caso decidió, en un auto, el sobreseimiento de las actuaciones por no hallar indicios de delito.

La decisión del instructor fue recurrida por el abogado de la Xunta de Galicia que formuló un recurso de reforma. En su momento había presentado un nuevo escrito de acusación incluyendo a las dos personas ya citadas.

Fuera la Xunta la que había solicitado más diligencias para determinar si la empresa Procesoil, «en la que Carlos Silva puede tener alguna clase de interés» ha podido recibir una ayuda del IGAPE, incorporando una factura incrementada por Proitec, empresa de Carlos Monjero».

El juez explicó en un auto que el supuesto favor debido a Proitec por parte de Carlos Silva «no se trasluce (...) una vez que se descarta a Proitec como proveedor den la tramitación de las ayudas, por lo que hay ausencia de indicios de actividad ilícita y de vinculación con el presente procedimiento, al margen de las actuaciones de Carlos Silva en relación a Procesoil». Considera el juzgador que no hay delito de cohecho.

Sin embargo, el letrado de la Xunta que se ocupa del asunto, está en total desacuerdo y destaca que lo que solicitó en su momento fueron diligencias para determinar «si como pago de las actuaciones ilícitas de información que Carlos Silva proporciona a Carlos Monjero, en la tramitación del expediente de Nupel, y que determinan el delito de negociaciones prohibidas imputado al primero, se ha aceptado por Carlos Silva una dádiva. Eso es lo que se pedía con la práctica diligencias y lo cierto es que de las mismas se desprende que así h sido, pues ofrecida esta por Carlos Monjero (consistente en inflar una factura de 6.000 a 12.000 euros en beneficio de un tercero, como es Procesoil, pero en la que Carlos Silva tiene interés) el hecho de la aceptación de la dádiva se manifiesta en que las mismas fueron aportadas ante el IGAPE. Poco importa que finalmente no se haya recibido o que se haya cambiado el proveedor. El delito de cohecho es de consumación anticipada».