Pedía créditos para las clientas y se quedaba con el dinero
11 nov 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La fiscalía pidió ayer inicialmente, en la Audiencia Provincial de Lugo, cinco años de cárcel para una vendedora de aspiradoras a la que acusa de haber estafado a 18 mujeres. La imputada, E. M. B., dijo que se dio cuenta de la situación a la que había llegado tras la petición de solicitudes de préstamos a diversas entidades financieras y que advirtió a la mayoría de las compradoras de la situación ocasionada y de que se haría cargo del problema.
La representación del Ministerio Público señaló que la acusada era, desde el año 2002, distribuidora para la zona de A Mariña y Lugo de productos electrodomésticos de una conocida marca. Disponía, incluso de una tienda física en Burela, a pesar de que la forma de venta de los artículos de la marca en cuestión era de manera domiciliaria.
La acusada iba por las casas haciendo demostraciones y, en caso de compra, establecía un contrato con el cliente. El producto estrella de la firma era una aspiradora que lo hacía todo y que tenía un precio de 2.150 euros.
Como se trataba de un elevado coste, era habitual que los compradores no pagaran al contado y que, incluso, financiaran la adquisición. La acusada, explicó la acusación pública, se ocupaba de tramitarles la financiación con alguna entidad especializada.
Para solventar todos los trámites de papeleo, las compradoras facilitaban sus datos personales, tales como DNI, dirección, teléfono, cuentas bancarias y documentos acreditativos de sus ingresos como, por ejemplo, las nóminas y certificados de la seguridad social.
«Por lo tanto ?expuso la acusación pública? la acusada tramitaba por cuenta de sus clientes un crédito al consumo para financiar la compra de la aspiradora, trabajando con diversas entidades. Pero además, obrando con ánimo de ilícito enriquecimiento, utilizaba los datos y documentación que los clientes le facilitaban para obtener un segundo crédito, siendo la propia acusada la que ponía una firma supuesta en las solicitudes correspondientes». Presuntamente el importe de este segundo crédito, lo ingresaba en una segunda cuenta de la que era titular con lo cual «se adueñaba así del importe ilícitamente obtenido».
Según la fiscalía, para que los compradoras no supieran de la existencia del segundo crédito, la acusada supuestamente facilitaba datos de contacto que no eran reales, por lo que la correspondencia llegaba a su propia dirección, y además domiciliaba las cuotas en su propia cuenta bancaria, «si bien no atendía su pago».
Ante esta situación, los clientes perjudicados solo tenía conocimiento del segundo crédito y de su impago cuando recibían el aviso de algún despacho de abogados o empresa de reclamación de impagados, reclamándoles el importe íntegro de lo adeudado con sus correspondientes intereses, además de notificarles la inclusión en diversos ficheros de morosos.
Según las denuncias presentadas, la acusada efectuó 15 contratos de financiación entre los años 2007 y 2010. Obtuvo ilícitamente, dijo el fiscal, un total de 38.700 euros.
Dos solicitudes
La acusada, dijo que para la financiación pedía presupuestos a dos financieras diferentes. Algunas tardaban tiempo en responder por lo que entendía que no concedían el crédito. Esto hizo que en algunos casos se encontrara con duplicidades. Dijo que notó que su cuenta bancaria aumentaba, pero el dinero lo destinaba a comprar material y al pago del alquiler del local.
Cuando supo realmente lo que ocurría fue a ver a muchas afectadas para decirles lo sucedido y advertirles de que se haría cargo de la situación. También se lo comunicó a la empresa, pero esta le negó colaboración, según expresó en su declaración.
«No cometí absolutamente ninguna estafa como se me acusa», advirtió la acusada quien dijo, además, que no había evadido la acción de la justicia. Recalcó que cuando detectó la situación informó de ello a algunas perjudicadas.