La denuncia partió de la declaración de la mujer en el juzgado la Pokémon
15 jul 2015 . Actualizado a las 22:13 h.El Juzgado de Instrucción número dos ordenó el sobreseimiento libre y el archivo de las diligencias abiertas por presunta prostitución de persona mayor de edad, contra el exconcejal Francisco Fernández Liñares, principal imputado en la operación Pokémon. Las actuaciones se abrieron precisamente a raíz de la declaración prestada en esta investigación de la jueza Pilar de Lara por una mujer que confesó que había recibido de Liñares las preguntas de un examen para conserje municipal, a cambio de favores sexuales.
El auto de la jueza recoge los hechos relatados por la denunciante no tienen encaje en el artículo 188 del Código Penal, que pena la prostitución de persona mayor de edad. Puntualiza que, en todo caso, estaría prescrito el delito, al transcurrir más de cinco años.
El auto declara como hechos probados que a la denunciante le presentaron a Liñares en el año 2008. Se quería afiliar al PSOE «afundida baixo a presión da situación pola que naquel momento estaba a pasar». Pretendía conseguir un trabajo.
Varios encuentros
La afectada le dejó el currículo, junto con su teléfono. El ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil la llamó y quedó con ella. En el primer encuentro se limitaron a besos y tocamientos. Según la relación de hechos probados, la mujer no se negó a ello porque sabía que Liñares tenía las preguntas del examen al que se quería presentar. Hubo una decena de encuentros sexuales y posteriormente se presentó a las pruebas, que aprobó y pasó a formar parte de una lista para la contratación de personal laboral temporal, como ordenanza.
La denunciante aportó en el juzgado varios folios manuscritos que contenían las preguntas y respuestas del examen tipo test, que según declaró, se las había suministrado Fernández Liñares en los encuentros sexuales.
El auto recoge que la decisión de la denunciante fue «libre e voluntaria, aínda que profundamente afectada pola necesidade que a leva a tentar propiciar o escenario para a obtención dun posto de traballo, que mesmo chega a conseguir temporalmente no Concello de Lugo e posteriormente nunha empresa privada cando o imputado era o presidente da Confederación Hidrográfica». Recoge que fue «a través dunha xestión do propio acusado, con independencia dos posibles enganos ou falsas promesas das que o mesmo puido valerse para conseguir os favores sexuais recibidos, os cales se puidesen ser avaliados economicamente, poderíannos achegar a figuras delituosas moi diferentes». El auto aclara más adelante que la situación podría representar un hipotético delito de estafa, figura en la que puede incurrir quien obtiene, sin contraprestación, determinados servicios mediante engaño y sin intención de pagarlos. Analiza otros supuestos, como el delito de soborno.
Contradicciones
La jueza llega a la conclusión de que las actas del proceso selectivo contradicen lo manifestado por la denunciante. Alude a que las preguntas del cuestionario se confeccionaron el mismo día del examen por el tribunal que evaluó los ejercicios y los méritos de cada aspirante y del que Fernández Liñares no formaba parte. Días después fue nombrado presidente de la Confederación Hidrográfica.