Tendrán que prestar declaración a fin de mes
03 jul 2015 . Actualizado a las 21:25 h.El exalcalde José López Orozco y el expresidente de la Diputación, José Ramón Gómez Besteiro, que antes de estar al frente del organismo provincial fue concejal de Urbanismo, han sido citados a declarar en calidad de imputados por la jueza Pilar de Lara, por el caso Garañón, la urbanización al pie de las cuestas del parque Rosalía de Castro de Lugo a la que el concello dio licencia en el año 2006 pero que posteriormente terminó siendo paralizada por la justicia.
Al exalcalde de Lugo se le imputan los delitos tráfico de influencias, prevaricación y contra la ordenación del territorio y al secretario xeral del PSedG los mismos más cohecho. Además de Orozco y Gómez Besteiro, secretario xeral del PSdeG, tendrán que declarar el arquitecto municipal en aquel momento, la jefa del departamento de licencia y un funcionario del departamento de arquitectura. También está citada a declarar en calidad de testigo la mujer de Besteiro.
La urbanización de O Garañón fue primero protagonista de un pleito en vía contenciosa, en la que acabó siendo anulada la licencia de urbanización (infraestructuras, zonas verdes, etcétera) y, por ello, posteriormente anulada también la licencia de edificación. En la vía penal, el juzgado ordenó en su día paralizar toda actividad y precintar el recinto para evitar mayores complicaciones.
Comunicado de Besteiro
Poco después de las 21 horas, Gómez Besteiro distribuyó un comunicado de prensa relativo a la imputación. «Quero manifestar a miña sorpresa por ter coñecido esta decisión xudicial a través dos medios de comunicación e non ter recibido ningunha notificación por vía xudicial, o que provoca unha situación de indefensión inadmisible», asegura el secretario xeral de los socialistas. El expresidente de la Diputación defiende la legalidad de su actuación: «Teño a confianza absoluta na legalidade do proceder do Concello de Lugo con respecto á zona do Garañón. Todos os trámites administrativos referidos ao Garañón se axustaron estritamente á legalidade e as determinacións do Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado polo Partido Popular en 1991».