El Gran Hotel justifica su solvencia en el valor de tasación de edificios embargados

Dolores Cela Castro
dolores cela LUGO / LA VOZ

LUGO CIUDAD

OSCAR CELA

Los ex trabajadores recuerdan existen 60 anotaciones sobre el de Lugo

31 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

El Gran Hotel no se encuentra en situación de insolvencia, ni en causa de disolución, según aseguró ayer el abogado de Proalsa, la sociedad propietaria del establecimiento, Leoncio Jacinto Ciudad Morán, en la vista que se celebró en el Juzgado Mercantil. Con las pruebas recogidas la jueza tendrá que decidir si declara la sociedad en concurso necesario de acreedores, presentado por nueve ex empleados y por un trabajador en activo. Ciudad Morán argumentó que la sociedad cuenta con dos edificios, el de Lugo y el del San Martín de Ourense, que está participado por Proalsa en un 90,7%, que garantizan las deudas contraídas con la Seguridad Social, con Hacienda y con los trabajadores. «Respondemos -dijo- con bienes más que suficientes para poder pagar» e insistió en que están cumpliendo el plan de aplazamiento de 22 meses, autorizado por los dos juzgados de los social. La entidad pagó el primer plazo de 3.000 euros.

Sus argumentos fueron contestados por el abogado de los demandantes, Xermán Vázquez, de la CIG, quien insistió en que Proalsa se encuentra en causa de concurso desde diciembre del año 2013. Se basa en las cuentas depositadas en el registro, que fueron aprobada aún a principios de este mismo mes, en una junta general a la que no acudieron los accionistas minoritarios. El abogado de los extrabajadores justificó su afirmación en que el patrimonio neto de la sociedad, de 860.294 euros, es inferior al 50% del capital social. Vázquez insistió en que Proalsa debería de haber solicitado el concurso ya en 2013.

La sociedad, según el abogado de los ex trabajadores de Proalsa, tiene probada su insolvencia dado que cuenta con 66 anotaciones preventivas de embargo: Concello de Lugo, Seguridad Social, Banco Popular con dos ejecuciones hipotecarias

El letrado, que acudió acompañado del asesor jurídico habitual de la familia Martínez, José Antonio Álvarez Martínez, insistió en varias ocasiones en que el Gran Hotel estaba pagando a sus trabajadores y ex trabajadores, «con retraso» y que ninguno de ellos había cobrado un solo euro del Fogasa.

Leoncio Ciudad propuso como prueba la declaración de los demandantes a los que les preguntó si estaban cobrando. Todos coincidieron que habían percibido una parte mínima de la deuda, pero que había sido del juzgado quien les pagó, como consecuencia de embargos y que nadie había cobrado del Fondo de Garantía Salarial. Cuando varios de ellos habían efectuado estas manifestaciones renunció a la prueba, sin que el empleado en activo le explicara a la jueza desde cuándo no le pagaban. Sí lo hizo otro que presentó una demanda de extinción de contrato y que trabajó hasta el domingo. Dijo que le debían noviembre, diciembre, enero y febrero y 20 euros de octubre.

La sociedad dice que está pagando al personal, aunque reconoce que con retraso