El asturiano que destapó la Pokémon vuelve de nuevo a Lugo para declarar

José Luis Álvarez dará hoy más detalles de la contabilidad B de Cechalva


lugo / la voz

Uno de los testigos claves de la operación Pokémon, el asturiano José Luis Álvarez, comparece hoy de nuevo ante la jueza Pilar de Lara. La magistrada lo citó como imputado dentro de la pieza separada abierta como consecuencia de la presunta adjudicación irregular del servicio de grúa de Lugo. Este hombre, conocido ya en la operación como el asturiano, fue quien advirtió en su momento de las presuntas mordidas para la concesión a la que fue su empresa del aludido contrato. También destapó la contabilidad B y reveló que de la misma saldrían partidas de dinero para pagar los presuntos favores obtenidos desde el consistorio de Lugo. La acusación salpicó incluso al alcalde López Orozco.

Álvarez declara como consecuencia del último informe de Vigilancia Aduanera que detalla el entramado montado y para demostrar la doble contabilidad de Cechalva. Los investigadores consideran que la forma de llevar la citada empresa pudo haber constituido delitos relacionados con el blanqueo y malversación de caudales. Por eso, la jueza imputa a 17 personas a las que comienza hoy a llamar a declarar.

Aduanas sostiene que pudo haber una adjudicación irregular por parte del Concello de Lugo, con la colaboración como intermediario de Javier Reguera Pérez, el responsable de la empresa de la ORA en la ciudad. Los investigadores estiman que esta persona tuvo participación en la gestión de la grúa municipal, mediante persona interpuesta a través de su cuñado, Demetrio Arias López, que figura en la relación de imputados.

José Luis Álvarez, el asturiano, declaró ante De Lara en varias ocasiones y, además, le aportó documentación que demostraría el desvío a la caja B de la empresa de sumas de dinero procedentes de la contabilización de facturas falsas, «hechos que pudieran ser constitutivos de fraude fiscal o de delito contable».

Este exsocio de la empresa declaró en su momento que, desde el inicio de la concesión, tanto Jorge Cechini como Manuel Santiso, socios de Cechalva, como también Javier Reguera «querían repartir los beneficios de la empresa por caja B generando facturas falsas, en su mayoría de combustible».

Según la declaración de este empresario asturiano, el control de dicha caja la llevaba Manuel Santiso y la emitía un primo suyo que nunca estuvo en nómina. El imputado dijo que esa persona trabajaba por las mañanas en una mutua y por las tardes en Cechalva.

Álvarez destacó en varias ocasiones que facturas por arreglos efectuados en domicilios de Jorge Cechini y Javier Reguera fueron cargadas en la contabilidad de la empresa que tenía como misión llevarse los coches mal aparcados y que habían sido sancionados previamente por la Policía Local.

La persona que le reveló toda la situación a la jueza De Lara le informó de que nunca había visto las facturas falsas porque se las presentaba Manuel Santiso en un estadillo. Este miembro de la empresa sería el encargado de retirar de la cuenta de Cechalva los importes necesarios para justificar el pago de las facturas falsas.

El caso de la grúa lucense es una pieza nueva de la operación principal

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