La magistrada alega la unidad de la investigación y el nexo común que vinculaba todas las actuaciones abiertas en Galicia
20 feb 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La operación Pikachu -la pieza separada de la Pokémon en A Coruña- se seguirá instruyendo desde el juzgado de Lugo. La jueza Pilar de Lara comunicó ayer al abogado de Julio Flores -primer teniente de alcalde y número dos de Carlos Negreira- su rechazo a la petición de este de que el caso pasar a un juzgado coruñés.
A finales de enero el letrado Esteban Rico presentó un escrito en Lugo solicitando la inhibición de la jueza en favor de un juzgado coruñés. Argumentaba en su solicitud que los presuntos hechos delictivos -negando, eso sí, que se hubiera cometido alguno- se habían cometido en A Coruña, y que la competencia correspondía pues a los juzgados de esa ciudad, y no de Lugo.
La magistrada rechazó la petición alegando la unidad de la investigación y el nexo común que vinculaba todas las actuaciones abiertas en Galicia. Ese punto de encuentro es José María Tutor, jefe de Vendex en Galicia. En caso de que las distintas partes acabaran en sus respectivos juzgados territoriales, Tutor tendría que ser juzgado tantas veces como se dividiera el caso. La normativa sobre jurisdicción, argumenta la jueza, impide tal extremo. Además, tampoco puede romperse el principio de conexidad, dice en su auto, que no es otro que el grupo Vendex en Galicia. Esa conexión se perdería, dice, si se rompe el caso.
Apoyo del fiscal
No es la jueza la única que argumenta sobre la necesidad de que todas las actuaciones permanezcan unidas en el mismo juzgado. El Ministerio Fiscal expone idénticos motivos que hace suyos la magistrada, quien imputa a Flores «por las gestiones que podría haber realizado en relación al proceso de adjudicación del servicio de mantenimiento biológico del Acuario [...] al margen de otras cuestiones a él atribuidas, que él mismo no ha sabido aclarar adecuadamente en su declaración».
En A Coruña investiga también presuntas facturas falsas en un servicio municipal, el IMCE, así como contrataciones irregulares en esa misma entidad y en el Ágora, un edificio cultural.
«No puede dudarse de que el grupo Vendex ha venido actuando a modo de una verdadera organización criminal», dice la jueza en su autor, recordando también los presuntos casos de enchufismo, amaños de concursos, pliegos pactados, regalos, viajes, dinero y otras prebendas que salpican una instrucción con demasiados vínculos entre la gestión pública y el mundo privado.