La jueza cree que Orozco colocó a empleados en la firma de la grúa

De Lara encontró notas de pago de sobornos al alcalde lucense y a Liñares


Lugo / La Voz

La jueza que instruye la operación Pokémon, Pilar de Lara, estima que, a cambio de la adjudicación del servicio municipal de grúa el 16 de noviembre del 2005, la empresa Cechalva, «en cumplimiento del compromiso previamente adquirido ha estado pagando mensualmente 2.000 euros que tendrían presuntamente como destinatarios al alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco y a su brazo derecho en la corporación durante muchos años, Francisco Fernández Liñares». Este, en el momento de la adjudicación, era teniente delegado de servicios públicos, policía y seguridad ciudadana «y del que dependía directamente el servicio».

La persona encargada de pagar lo que la jueza llama sobornos (entrecomilla esa palabra) era Javier Manuel Reguera Pérez, detenido y encarcelado en su momento. Pilar de Lara Cifuentes asegura en el auto que las vigilancias realizadas sobre los sospechosos, la documental incautada y las declaraciones de los coimputados son decisivas para llegar a la conclusión de la existencia de estos presuntos sobornos. Pero hay más, la jueza advierte de que fueron interceptadas anotaciones de los pagos presuntamente realizados.

La empresa comenzó siendo de dos socios asturianos, pero al conseguir la adjudicación de Lugo empezó a «sufrir varias vicisitudes». Entró en la misma el lucense Manuel Santiso González (imputado) y Demetrio Arias (imputado), cuñado de Javier Manuel Reguera (imputado y acusado de ser el pagador de las mordidas). Los cambios no pararon ahí ya que «de forma extraña» hubo cambios societarios con constantes ventas de participaciones entre los socios y con movimientos habituales en los administradores sociales.

La jueza entiende que la participación de Demetrio Arias es simulada, ya que detrás suya estaría su cuñado Javier Manuel Reguera, considerado como el verdadero gestor de la grúa y actuaría como tal. Reitera en varias ocasiones la instructora que fue Reguera el que «habría estado pagando mensualmente la suma de 2.000 euros cuyos destinatarios finales serían Francisco Fernández Liñares y José Clemente López Orozco, tal y como se adveraría con la documental incautada».

De Lara Cifuentes explica que, a cambio de la adjudicación del servicio, la empresa asumió el compromiso de contratar a trabajadores supuestamente enchufados por ciertas autoridades y funcionarios públicos relacionados directamente con el servicio de la grúa. Entiende que esta es la razón por la que en la empresa habrían trabajado no solo familiares de Reguera, como es el caso de un sobrino, sino allegados de policías locales, como es el caso de la mujer de un oficial «y otras personas enchufadas por autoridades municipales entre los que se encontraría algún recomendado del alcalde señor López Orozco».

Considera que Cechalva supuestamente solicitaba facturas falsas a empresas para la prestación de servicios inexistentes o inflado de los gastos. Añade el auto que tendría una doble contabilidad ficticia y fraudulenta.

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