La jueza de Lugo inició la investigación a raíz de la operación Carioca

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La pareja del Francisco Rodríguez, en la entrada de los juzgados en Lugo. PRADERO

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Las múltiples propiedades de un funcionario de Lugo en excedencia encendieron la alarma. La operación acabó con la detención de los alcaldes de Ourense y Boqueixón y de once personas más. Empezarán a declarar esta tarde en el juzgado de Lugo

21 sep 2012 . Actualizado a las 14:32 h.

Algunos de los detenidos ayer en la operación Pokémon son viejos conocidos de la jueza Pilar de Lara. Se vieron las caras en la operación Carioca (relacionada con la explotación de mujeres en burdeles con el presunto visto bueno de algunos guardias y policías). Javier Reguera, vinculado a la ORA de Lugo y el titular de la empresa Sanle, Manuel Santiso, quedaron en libertad por aquel entonces, pero muchos detalles de sus actividades y, sobre todo de sus bienes, le llamaron poderosamente la atención a la jueza.

De Lara pidió a un equipo de Vigilancia Aduanera que revisara las posesiones de Reguera y sus ingresos porque parece que no coincidirían, ni mucho menos, con lo que declaraba. Algunas fuentes apuntan a que los investigadores se encontraron con varios pisos pagados el mismo día. El investigado fue funcionario municipal durante algún tiempo y luego pidió la excedencia.

El burdel Queens

Reguera era quien alquilaba el burdel Queens, centro de la trama de la operación Carioca. La jueza, sabiendo que cobraba mensualmente por ello 3.000 euros y que solo declaraba 1.200, puso en alerta a su equipo, que, por los visto, empezó a tirar de documentos hasta descubrir que este detenido y el responsable de Sanle eran socios, al menos firmando un documento vinculado con el club del alterne del que, por cierto, no pueden disponer por orden judicial.

En las investigaciones de la Carioca también apareció un tercer nombre: Francisco Fernández Liñares. Exconcejal y e presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Aun cuando algunos lo situaron detrás de operaciones urbanísticas de gran calado, como la del club de golf, nunca llegó a ser llamado a declarar en la operación.

Los investigadores, al parecer, encuentran muchas relaciones entre lo que se podría denominar el trío lucense. Incluso no es descartable que Reguera pudiera ser un testaferro del exconcejal.

La conexión entre ambos dio pie para abrir una investigación que tiene varios frentes. Por un lado, para determinar cómo se hicieron adjudicaciones desde la Hidrográfica siendo presidente Liñares y, por otro, cómo logró algunas obras Sanle. Esta empresa aparece como adjudicataria frecuente de obras del Concello de Lugo ya desde principios del 2000. La investigación podría dirigirse también a tratar de saber si esta firma y otras vinculadas a la misma y a la trama creada recibieron obras y a cambio de qué. No falta quien asegure que había regalos de relojes o joyas.

Las miras también están dirigidas hacia las adjudicaciones de la ORA. De hecho, en el registro efectuado en el Concello de Lugo se llevaron cajas con documentos relacionados con la adjudicación a la anterior empresa concesionaria del sistema. Por aquel entonces Liñares era concejal y Reguera, su supuesto hombre dentro de la empresa que gestionaba los aparcamientos.

La investigación se extiende a contratos de control de aparcamientos en otras ciudades logrados por el grupo Vendex. En Boqueixón, cuyo alcalde fue detenido ayer, una de sus filiales, Sermasa (Servicios y Material S.A.), realiza el servicio de ayuda a domicilio. Y tiene contratos de gestión de escuelas infantiles, pabellones, colegios y campos de fútbol. Además, esta firma también ha sido contratada por el Concello de Santiago. Allí fue detenido el funcionario municipal Román Otero. Este nombre lleva a otro caso, el de Montebalsa. Él fue un testigo clave en el juicio, en el que condenaron a tres años a un ex arquitecto jefe municipal y a un aparejador del Concello.