Un vecino de Láncara denuncia al alcalde por un supuesto trato de favor hacia un empresario que le bloqueó el acceso a su casa

André S. Zapata / U. Carrera LUGO / LA VOZ

LÁNCARA

Miguel C. P., el denunciante, muestra el espacio que ha quedado en el acceso a la casa en la que vive con su familia, en Láncara. Él alega que la ambulancia no puede pasar cuando los sanitarios van a atenderlo.
Miguel C. P., el denunciante, muestra el espacio que ha quedado en el acceso a la casa en la que vive con su familia, en Láncara. Él alega que la ambulancia no puede pasar cuando los sanitarios van a atenderlo. ALBERTO LÓPEZ

Todo empezó cuando la pareja del afectado fue despedida por el dueño de la casa. Le piden 12.000 euros de pagos atrasados. Los afectados acusan al regidor de negarles las ayudas pertinentes porque sabe que en su vivienda está empadronado el titular, que hace años que no reside allí

11 abr 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

Desde el mes de diciembre del año 2021, una carretilla elevadora bloquea el acceso a la vivienda de Miguel C. P. Junto a su pareja y su hija, reside en una casa de A Pobra de San Xiao, en el municipio lucense de Láncara. La imposibilidad de entrar en su terreno a través de la vía principal es la última consecuencia de un conflicto que le ha llevado a denunciar en el juzgado al alcalde socialista de Láncara, Darío Piñeiro, y a un empresario de la localidad, M. S. L. Estos niegan completamente la versión del denunciante.

Lo que empezó siendo una desavenencia vecinal ha terminado sembrando la discordia en la localidad lucense, de apenas 2.500 habitantes. Ahora, es el juzgado de Primera Instancia de Sarria el que debe resolver un entuerto que lleva más de un año vigente.

Piden 12.000 euros de pagos atrasados

Todo empezó en el 2018, cuando la mujer de Miguel llegó a Láncara para cuidar a la madre del empresario ahora denunciado. Como muestra de buena fe, la empadronó a ella, a Miguel C. P. y a su hija en el domicilio en el que ahora viven. «Eso sí, sin contrato de alquiler ni nada», especifica el hombre.

Sin embargo, un encontronazo entre la trabajadora y el propietario hizo que esta fuera despedida en enero del 2021. «La echó a la calle sin miramientos, después de casi tres años sin vacaciones ni descansos, y sin cobrar una indemnización», cuenta Miguel, que habla en nombre de su pareja para proteger su identidad. «En total, le deben 12.000 euros de las pagas extraordinarias y de las vacaciones. Pero no quiere darle nada, porque estaba trabajando sin contrato», dice el afectado.

Entonces, la familia acudió al juzgado de Sarria a denunciar al empresario. No por el despido, ya que no existía a nivel documental, sino por unas supuestas coacciones que empezaron en noviembre del 2021. Según consta en la denuncia, los afectados alegan que, para presionarlos y que abandonasen la casa, este empresario colocó una carretilla elevadora en el camino a través del cual se accede a la vivienda, impidiendo el paso de otros vehículos. «Yo necesito asistencia médica cada cierto tiempo, porque tengo una discapacidad física. La ambulancia tiene que venir hasta aquí para atenderme, pero no puede llegar hasta la casa porque la máquina impide el paso», afirma Miguel.

Dos sanitarios, trasladando al vecino de Láncara que denunció al alcalde en una silla adaptada, ya que la ambulancia no puede acceder hasta su vivienda.
Dos sanitarios, trasladando al vecino de Láncara que denunció al alcalde en una silla adaptada, ya que la ambulancia no puede acceder hasta su vivienda.

El alcalde y el empresario niegan esta versión

Según la familia, esta máquina está situada en la vía pública, no en terreno privado. Y este fue el motivo por el que el alcalde de Láncara, el socialista Darío Piñeiro, ha sido también denunciado. Según Miguel, acudió en diciembre del 2021 al despacho del regidor para pedir ayuda para solucionar este asunto.

En la denuncia contra el alcalde, Miguel afirma que Piñeiro le dijo que «ya iba a hablar él con M. [el empresario], pero llevo meses esperando y no ha hecho nada». Por lo tanto, Miguel denunció también al alcalde por prevaricación y cohecho, al considerar que «todo funcionario que deje pasar el tiempo a sabiendas de la injusticia que está cometiendo está cometiendo un delito de cohecho bajo dádiva». 

Además, Miguel va un paso más allá. En su denuncia, alega que el alcalde «cuando yo solicitaba el certificado de convivencia para pedir los subsidios y ayudas que necesitábamos, siempre me lo negaba». El motivo, según él, es un supuesto trato de favor al empresario.

«La cuestión es que figura como empadronado en ese domicilio M. [el empresario], y eso es una ilegalidad, ya que él vive desde hace años en el municipio de O Páramo». Según el denunciante, incluso pidió la baja del propietario como residente en su casa y el Ayuntamiento le dijo que «lo iban a estudiar».

«Revisamos os informes municipais e o lugar onde está a máquina é terreo privado, polo que o dono da casa pode deixala aí sen problema»

Sin embargo, Darío Piñeiro y el empresario niegan tajantemente la versión del denunciante. El alcalde de Láncara se limita a decir que se trata de «un asunto personal entre o dono da casa e os inquilinos».

Sobre la denuncia que pesa contra él, especifica que «non ten base ningunha» porque «o que di non é certo», pero más aún porque «revisamos os informes municipais e o lugar onde está a máquina é terreo privado, polo que o dono da casa pode deixala aí sen problema». 

El empresario también rechaza la versión del denunciante. Por su parte, alega que «o único que quere é aproveitarse e quedar na casa», añadiendo que llegó a darle 1.500 euros tras llegar a un acuerdo y que este «quedou con eles e non fixo nada». Al igual que el alcalde, afirma que la máquina está en su terreno.

Finalmente, termina diciendo que el inquilino «quere vivir pola cara» y que «a súa muller ocultaba que cobraba o paro mentres traballaba coidando á miña nai»

Según dice el denunciante, la situación llegó a un extremo en el que sufrieron hasta coacciones. «Cuando el dueño de la casa veía a mi pareja por Láncara, la atosigaba y la acosaba. Incluso llamó a una empresa de desokupas que nos vinieron a amenazar a casa. No somos okupas, solo queremos lo que es nuestro», incide Miguel.

Por el momento, la situación sigue bloqueada. El último episodio del asunto sucedió en el último pleno de la corporación municipal de Láncara, cuando el afectado se levantó y le gritó al alcalde «¡prevaricador!». Piñeiro le resta importancia, aunque afirma que el denunciante «foi moi maleducado e inoportuno».