Los grupos de la Diputación urgen a que Fomento arregle la N-540 y haga la A-56

El Gobierno tiene acabados los proyectos, por 6,6 millones, para reformar la vía entre Guntín y Carballedo


lugo / la voz

Viajar de Lugo a Ourense por la N-540 supone desde hace años un suplicio para centenares de conductores debido a los baches y a la excesiva señalización vertical que tiene esta vía. Los destrozos en la carretera cada año van en aumento y la situación ha llegado a un punto que hasta el Ministerio de Fomento reconoció en mayo del pasado año, a preguntas de la diputada socialista Margarita Pérez Herraiz, que la carretera necesita ya una inversión para su reforma.

Mientras no se hace la rehabilitación prometida y no se ejecutan las obras de la autovía A-56, entre Lugo y Ourense, numerosos conductores que tiene que viajar entre ambas ciudades ya eligen el corredor de Nadela a Monforte y la N-120 como alternativa más rápidas y seguras.

En el pleno de la Diputación de Lugo celebrado ayer el grupo socialista presentó una moción, apoyada por el PP y el BNG, por la cual se insta a Fomento a que renueve por completo el firme y solucione los problemas en las travesías de población. El portavoz del PSOE, Álvaro Santos, recordó que ya en el 2016 Fomento prometió la mejora y apuntó que la situación actual de la N-540 «supón a condena para o desenvolvemento económico e social dos veciños, uns 30.000 dos concellos do entorno, e usarios da vía, ademais de ser unha vía con zonas de perigo para o tránsito, como sinalan os informe do RACE».

Desde las filas populares, el alcalde de Taboada, Ramiro Moure, reconoció el mal estado del firme y apuntó que el Ministerio de Fomento ya tiene hechos los proyectos de la reforma, pero que están pendientes de trámites para su licitación. Aunque no se indicó en el pleno, la paralización de los presupuestos del Estado está condicionando la ejecución de este tipo de obras.

Moure explicó que la travesía de Guntín (de los kilómetros 17,2 al 18,4) tendrá un presupuesto de 240.000 euros. La reforma de la N-540 entre los kilómetros 21,8 y 41,8, en Taboada, costará 3,5 millones de euros; mientras que del 41,8 al 62,8, que incluye la variante de Chantada, será de algo más de tres millones de euros. Quedarían sin ejecutar mejoras entre los kilómetros 18 y 21 debido a que esa zona estará cubierta con la construcción del intercambiador que unirá la A-54, la A-56 y la propia N-540. Este proyecto de vía, de algo más de dos kilómetros, está en fase de redacción, según señaló Moure.

Por otra parte, la moción socialista aprobada por unanimidad insta a Fomento a que agilice los trámites de la autovía A-56, con la publicación de un calendario de ejecución de los proyectos y reuniones periódica para el seguimiento del mismo. El alcalde de Taboada señaló que hace menos de dos años se creó una comisión de alcaldes, siendo el de Vilamarín el interlocutor con el Gobierno. «Cónstanos que se está traballando para rematar o tramo da Barrela», explicó Ramiro Moure

Martínez: «O que quero é abrir as residencias na maior brevidade»

El vicepresidente provincial, Manuel Martínez, dejó claro su objetivo desde que llegó a la presidencia de Suplusa: «Martínez o que quere é abrir as residencias na maior brevidade posible». Los populares presentaron una moción, apoyada por BNG y PSOE, para que la Diputación dé los pasos para poner en marcha la residencia de Castroverde. Martínez pidió «paciencia e consenso, arrimando todos na mesma dirección» para conseguir la apertura del centro de Castroverde y los de Pol, A Fonsagrada y Trabada, pendientes de un permiso de la Xunta. Las de Ribas de Sil y Pedrafita están ultimando sus últimas obras.

Martínez señaló que en el pleno de febrero irá la ordenanza por la que se gestionará la residencia de Castroverde y que será la que marque el modelo a seguir con el resto. Sobre el coste que tendrá por plaza, Martínez recordó que será el pleno el que decida esta cuestión. Los informes económicos señalan un coste de 1.100 euros por persona. La gran pregunta por decidir es qué parte podrán afrontar las Administraciones para sufragar este gasto, muy alto teniendo en cuenta las pensiones medias de los pensionistas lucenses. Elena Candia lamentó que las residencias no sean también para dependientes.

El PP se queda solo defendiendo la pena revisable

El diputado popular José Antonio García defendió una moción para que se aplique la prisión permanente revisable, «porque o demanda a sociedade» y llegó a decir que PSOE y BNG «defenden a asesinos e terroristas».

Piden que ayudas culturales y deportivas se otorguen en plazo

El BNG, con el apoyo del PP, sacaron adelante una moción instando al gobierno a que se fijen plazos para que las entidades culturales y deportivas reciban las subvenciones y así puedan programar sus actividades con garantías. Proponen que en el primer trimestre se convoquen las bases y en el segundo se concedan. El diputado de Deportes, Pablo Rivera, apuntó que cuando recogió el testigo del BNG se encontró con retrasos acumulados y apuntó que si bajaron las cuantías con respecto al 2015 se debió a la caída de ingresos del Estado en las cuentas de la Diputación.

Diferentes modelos sobre cómo gestionar las pensiones

El PSOE no sacó adelante una moción para pedir al Gobierno que aumente las pensiones en Lugo, de las más bajas de España. Los tres grupos expusieron sus modelos y se reprocharon mutuamente: el PP la crisis que heredó del PSOE, el PSOE que defiende el gasto frente a la contención y el BNG que PP y PSOE pactan en Madrid lo que repercute en Galicia.

Campos pide al PP que ayude a mejorar la vida de los lucenses

Al finalizar el pleno, el presidente Darío Campos tomó la palabra para recordar que en las más de cuatro horas de debate se habían tratado cuestiones fundamentales en la vida diaria de los lucenses, por lo que apeló a los populares de Lugo, con competencias en Madrid y Santiago, para que ayuden a conseguir mejoras como las de la N-540, la A-56 o se licite más obra pública, se aumenten las pensiones o se apueste por el turismo lucense. «Señora Candia, preocúpese de que a Xunta dea os permisos para as residencias», además de que ayude en la financiación de las plazas.

El gobierno seguirá con su modelo para los catamaranes a pesar de perder la votación

Tanto por la aprobación del Consello Provincial de Turismo como por la decisión de abrir un proceso para que una empresa, por un contrato de servicio, se haga cargo de los catamaranes, el diputado de Turismo, Eduardo Vidal, fue objeto de críticas de los grupos del PP y del BNG, al que acusaron de «mala xestión nunha área fundamental para o desenvolvemento da provincia».

Los nacionalistas presentaron una moción para pedir que la Diputación siga gestionando el servicio de catamaranes, que fue secundada por los populares, instando de esta manera a que el gobierno provincial retire el proceso abierto para las rutas fluviales. La oposición considera que Suplusa, quien se encargó de este trabajo hasta el 2016 (el pasado año lo hizo Tragsa), es la más indicada para seguir gestionando los catamaranes. Recordaron tanto BNG como PP que en el 2015 el servicio tuvo un coste de 450.000 euros, no hubo pérdidas y además se cubrió todo el año, frente a los más de 700.000 euros del pasado ejercicio y sin cubrir rutas durante cuatro meses.

Aunque el pleno aprobó esta moción, el gobierno provincial seguirá adelante con el proceso para que esté todo listo para la Semana Santa. Consideran que la comisión de gobierno es la competente para llevar a cabo este acuerdo. Eduardo Vidal, que acusó a los grupos de la oposición de «populistas», recordó que los catamaranes seguirán en el 2018 siendo gestionados por la Diputación, que será la encargada de cobrar y de ingresar el dinero en su tesorería. «Aprobamos un contrato de servizo, non unha privatización, na que os interesados deberán cumprir cláusulas sociais para valorar as ofertas das entidades con traballadores con contratos indefinidos ou de persoas con capacidades diferentes; ademais de criterios para priorizar as ofertas das entidades que ofrezan melloras como, por exemplo, rutas ás bodegas». La intención es mantener el servicio más allá del verano, incluyendo fines de semana, puentes y los días de la Constitución

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