Un juzgado duda de la legitimación de Suplusa y apoya la residencia de Guitiriz

Nuevo auto judicial, en esta ocasión del Contencioso Administrativo número 1, que da la razón al gobierno provincial y desestima la petición de suspensión de una residencia provincial que pidió Suplusa, que preside Manuel Martínez y con cinco consejeros del PP. Si el jueves se hacía pública la resolución sobre los centros de Pol y A Fonsagrada, este viernes fue sobre la contratación de las obras de la residencia de Guitiriz, en la Casa da Botica.

En esta ocasión el juzgado lucense fue más allá en su resolución. Tanto el PP como Martínez consideraban en su petición de suspender la contratación que el pleno extraordinario del 10 de abril del 2018 le había devuelto la encomienda de gestión a Suplusa que le había quitado la junta de gobierno del PSOE.

Pero en el auto judicial se explica que «no se puede pasar por alto que existen numerosos informes de advertencias de ilegalidad», en referencia a que la votación vino precedida de seis informes jurídicos (secretaría e intervención) que advertían de la posible ilegalidad del acuerdo. El su momento, el presidente de la Diputación, antes de la votación, también lo advirtió.

Además, el fallo del Contencioso número 1 señala que «todo ello sin entrar a analizar la legitimación de Suplusa (a priori dudosa) para recurrir el acto administrativo, cuestión que se abordará con detenimiento en el pleito principal». La jueza, que impone costas a Suplusa, recuerda que la petición del ente urbanístico sigue para adelante, pero no así su petición de paralización de las obras, aunque pone de manifiesto con las frases antes mencionadas que podría haber perdido su condición de medio propio.

Tal y como hiciera el Contencioso número 2 sobre las residencias de Pol y A Fonsagrada, el número 1 hace una defensa sobre la necesidad de que Guitiriz tenga una residencia para mayores: «La ponderación de los intereses en conflicto conduce a estimar que el interés general de la continuación de la gestión del centro se alza sobre el subjetivo de los recurrentes, proclive a su paralización en detrimento de los derechos de las personas de la tercera edad del municipio de Guitiriz». De nuevo el juzgado antepone los intereses de los vecinos a las peles partidistas.

Por otra parte, desde el gobierno de la Diputación, recordaron ayer a la Xunta que siguen esperando que les dé permiso para iniciar las obras ya contratadas.

Por su parte, ayer, antes de conocerse este auto, el diputado no adscrito y presidente de Suplusa, Manuel Martínez, advirtió que continuará presentando denuncias ante el juzgado y la Xunta por el impulso «ilegal» que planea el organismo presidido por Darío Campos. En este sentido, señaló el caso de la residencia de Trabada, la única que está abierta de momento, y que desde el punto de vista jurídico para el ha abierto de forma ilegal.

«No tiene el PIA ni la Diputación, ni el Ayuntamiento, el PIA lo tiene Suplusa, que era la única que la podía abrir. No tiene los protocolos de actuación de una residencia normal, están actuando con personal contratado por la Diputación e ignorando el que se había contratado aquí (a través de Suplusa) y no sabemos lo que puede pasar», dijo Martínez.

Advierte de un fallecimiento

Martínez insistió así en las consecuencias que tendría un posible «fallecimiento» en esta residencia de Trabada en las condiciones en las que se encuentra y ha amenazado al gobierno socialista con que volverá a presentar «denuncia en el juzgado y ante la Xunta para que actúe contra estos ocupas de las residencias», aunque no recurrirá el auto que desestimó la paralización de la apertura de Pol y A Fonsagrada.

El auto señala que si paralizan las obras «provoca un quebranto para el interés público»

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