Broncas, sueldos, ausencias y argucias legales y políticas para dinamitar la Diputación

El pleno en el que nada menos que se iban a aprobar 21 millones de euros para ejecutar 307 obras en los 67 concellos de la provincia; el plenario que tenía que aprobar un acuerdo clave para que el Breogán esté en la ACB; o el debate para restituir el acuerdo de la RPT que acordaron los sindicatos, dejó de tener protagonismo por una serie de intereses políticos y personales que han convertido la Diputación, desde el minuto cero de este mandato, en un continuo esperpento, circo y teatro, tal y como unos y otros actores políticos afirman como un mantra continuo pero sin autocrítica.

Los ciudadanos lucenses y sus problemas no estuvieron ayer en el centro del debate político. Donde había que hablar y celebrar los 240 nuevos empleos gracias al Plan Único aprobado por unanimidad por PSOE, PP y BNG, palabras como «trileros», «saqueadores», «sinvergüenzas políticos», «desleales», «golpe de estado» o «dictadura» salían a relucir para espanto de los asistentes al pleno, entre ellos unos sorprendidos vecinos de O Incio que simplemente querían que se resolviese de una vez (esperan desde el 2006) la rehabilitación de la Casona para uso público.

Donde se tenían que tomar acuerdos para arreglar la maltrecha carretera de A Fonsagrada a Navia, debatir cómo se puede mejorar el Plan Único, si Burela necesita con urgencia un pabellón de deportes o el destino más objetivo posible de los remanentes de las obras, los diputados se enzarzaron en acusaciones que terminaron en expulsiones (Martínez tras ser advertido en tres ocasiones por Campos que no tenía el uso de la palabra) y la ausencia de los diputados del PP acusando al gobierno de «manobra e revanchismo político» para aprobar por la puerta de atrás la disolución de Suplusa.

Los guardias, en escena

Donde Martínez proponía un debate sobre las residencias y los precios públicos para regirlas, el pleno derivó en un enfrentamiento más que sonoro entre el no adscrito y el presidente Darío Campos. El alcalde de Becerreá (que anunció que el jueves 7 dejará de serlo del PSOE,) cargaba desde las bancadas del público con gritos contra «Darío I, el reprobado» y los que hasta hace tres meses eran sus compañeros socialistas por debatir una propuesta suya sin estar el habilitado para defenderla en el pleno. Ante esta insólita escena, Campos pedía a los guardias de seguridad que echasen a Martínez.

Donde se tenían que defender mociones sobre los recortes en la PAC, un nuevo pabellón deportivo en Lugo o el futuro de la citada Casona de O Incio, hubo ausencia y silencio de diputados por la marcha de los populares, dejando un hemiciclo con solo 10 del PSOE y dos del BNG.

Y tras finalizar un pleno que la portavoz del PP Elena Candia ya vaticinó al principio «que vexo que vai ser francamente difícil», comenzaba otro plenario, el de Suplusa, ese organismo que pasó de estar al servicio de los ciudadanos a ser un ente paralelo, como denuncia el BNG, o una sociedad con importantes proyectos en marcha, como defiende Candia. El consejo de Suplusa -sin público ni periodistas- acordó sustituir al nacionalista Xosé Ferreiro por el alcalde de Outeiro, y, sobre todo, con el voto de PP y Martínez, asignarle a este un sueldo de 57.000 euros y dietas de 151 euros para cada consejero cuando acuden a reuniones. En el PSOE estudian seguir el paso del BNG e irse. De ser así, vía libre para 8 consejeros del PP y el presidente Martínez.

Algo mejor

Los lucenses merecen algo mejor que un esperpento, uno más, como el vivido en la Diputación. Aquellos que defienden que este tipo de organismos no son necesarios se cargaron ayer de argumentos. En vez de defender los intereses de los vecinos, la sensación de que cada uno busca su beneficio con «el todo vale», dinamita la credibilidad en la política y en la democracia. Precisamente, muchos males parten cuando los diputados y el presidente no son elegidos por el pueblo, sino por intereses de partidos.

Acuerdan la RPT con el único voto en contra de Martínez

Regresaba al pleno la RPT de la Diputación, tras ser rechazada hace dos meses por el PP y Martínez (aún en el PSOE) y con la abstención del BNG. En esta ocasión, sí salió adelante con la abstención del PP, y el sí de PSOE y BNG. Martínez mantuvo su voto en contra. Juan Carlos Armesto, del PP, señaló que la propuesta -que salió por unanimidad de los sindicatos- ahora sí tenía los informes favorables para permitir su aprobación. «Non é a RPT que nós fariamos e tiña un expediente sen visos de legalidade, pero hoxe o PP sábese decisivo e imos absternos para que saia para adiante», señaló Armesto. Por su parte, el diputado del BNG Xosé Ferreiro indicó que aunque «había luces e sombras» puso en valor que los trabajadores que menos cobran verán aumentados sus salarios.

Por su parte, Martínez apuntó que para el no cambiaba nada con respecto a hace dos meses y que había algunos sueldos sobredimensionados si se comparaban las retribuciones con respecto a lo que cobran los mismos puestos en otras diputaciones gallegas. Martínez puso de manifiesto que el ascenso en la carrera horizontal de la RPT se debería basar en criterios objetivos (horas de formación, cursos, experiencia, etc.) y no en criterios subjetivos (productividad otorgada).

Aprobados 25 millones para obras en los 67 concellos

Arqueología

Tribunales

Hallan en el Balneario restos de canalización de madera hecha por los romanos en año 40 d.C.

El fiscal no acusa a los rumanos que invadieron un piso para pedir recompensa

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El Plan Único de la Diputación fue ratificado en febrero por los tres grupos políticos, aunque cada uno se quiere apropiar del éxito de un modelo que reparte los fondos públicos de una manera equitativa, algo insólito en la historia de las diputaciones gallegas, que aún arrastran el mito del caciquismo en el siglo XXI.

PP, PSOE y BNG acordaron el plan de 307 obras, 240 empleos, y actividades turísticas, culturales y deportivas que se harán en los 67 concellos por importe de 21 millones. No hubo acuerdo en el destino de 4,2 millones de los remanentes del presupuesto del 2018. PP y PSOE pactaron, para enfado del BNG, las siguientes obras: 600.000 euros para un carril bici en el Paseo do Río Rato, en Lugo; 300.000 euros para este año de las obras de construcción de una residencia en la Casa da Botica de Guitiriz; 300.000 euros para la reedición de las ayudas para que profesionales do sector agroganadero recuperen terrenos actualmente baldíos y los pongan en producción; 200.000 euros para una perrera en la zona sur que dé servicio a 22 concellos y que se construirá en Monforte; 250.000 euros para un plan de señalización inteligente que potencie el turismo; 100.000 euros para colaborar con el Breogán, Emeve y Ensino, los clubes deportivos de la provincia que ascendieron a la máxima categoría; 100.000 euros para un plan de marquesinas en el rural; 50.000 euros para un plan de dotación de desfibriladores en los concellos; y 2,3 millones para transferencias a los concellos en base a sus necesidades.

PP y PSOE no admitieron enmiendas del BNG, dos de ellas acordadas en otras sesiones plenarias, como ampliar el paseo del Rato hasta A Fervedoira o seguir mejorando la vía de A Fonsagrada a Navia. Además, pedían que el dinero que iba a recibir Muras para reformar integralmente dos plazas pero que por un error no llegó a tener, fuesen asignados con los remanentes. «Que PP e PSOE pacten o reparto non castiga ao BNG, senón aos veciños destes concellos», señaló el nacionalista Xosé Ferreiro.

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