«Se trata de la falta de un bien básico que llevo denunciando desde que compré la casa», dice la afectada
16 jul 2020 . Actualizado a las 10:33 h.Gemma Sánchez es una vallisoletana que reside en Abadín desde hace casi una década. En 2011 ella y su familia compran una vivienda en Cabanela, en la parroquia de Vilarente, y se mudan para emprender una nueva vida alejados del ritmo y el tumulto de las grandes ciudades.
Su nuevo hogar se encuentra cerca de la capilla de Santa Margarita, conocida en la comarca por su romería, y lo último que se esperaban cuando adquirieron la casa era la espiral de idas y venidas en el que se verían obligados a entrar a causa de la traída de agua vecinal que abastece su domicilio y los constantes cortes que llevarían sufriendo 9 años.
Blancos en la documentación
En 2013, Gemma, que comenzaba a soportar problemas con el agua de forma regular, recoge firmas entre sus vecinos y presenta un escrito colectivo en el Ayuntamiento en busca de soluciones. Ante la negativa del gobierno municipal, que alegó que se trataba de una traída vecinal, eximiéndose de responsabilidad alguna, ella y su familia comenzaron a indagar en la documentación relativa a la canalización comunitaria del agua en la zona.
Tras varias consultas, descubrieron que la traída había sido diseñada hace 25 años, con el actual ejecutivo ya en el Concello, por lo que Gemma supone que habrían autorizado ellos las tareas.
La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil les dijo que era probable que por aquel entonces no existiese concesión administrativa para el inicio de las obras, además de corroborarles que en los planos solo salen las viviendas de la parte baja del barrio, quedando teóricamente fuera del abastecimiento unas diez casas, aunque en la práctica el sistema engloba toda la zona y todas confirman hacer uso de la traída.
Al borde de la legalidad
Tras denunciar la situación al Valedor do Pobo y a la Guardia Civil, solicitó la titularidad de la traída. Constató entonces que su vivienda, al igual que otra decena de hogares, no aparecía en los croquis de la obra y al dar parte de ello, desde la Confederación del Miño-Sil le achacan que está haciendo un uso ilegal del agua.
Una multa de 500 euros
Ha pasado una década desde el inicio de la batalla, que según explica la afectada, «se podría haber solucionado dialogando, pero ahora se ha convertido en algo mucho más complejo y costoso». En junio su familia recibe un expediente sancionador de la Confederación Hidrográfica, que tras estudiar sus quejas, les reclama 500 euros alegando que «usan un agua de forma ilegal».
Un bien básico
Gemma ha respondido a la sanción con una alegación y se niega a pagar la multa, ya que considera que la acusan de hacer uso de unos servicios que nunca tuvo garantizados. «Se trata de la falta de un bien básico que llevo denunciando desde que compré la casa, no puedo dejar a mis tres hijos o a mis caballos sin agua y el recinto no tiene otra vía de abastecimiento», sentencia la vecina, que promete no descansar hasta que se haga justicia.