Ayuntamientos de Terra Chá cobrarán a las empresas de tendidos eléctricos y gasoductos
ABADÍN
La Mancomunidade, dispuesta a actuar unida aunque algún municipio se unió al plan de la Diputación
11 may 2018 . Actualizado a las 21:57 h.Ayuntamientos chairegos están dispuestos a cobrar a empresas energéticas cuyas líneas pasen por lugares de titularidad municipal de sus territorios. Los cinco municipios que integran la Mancomunidade da Terra Chá ?Abadín, A Pastoriza, Cospeito, Castro de Rei y Outeiro de Rei? han estudiado la posibilidad de actuar conjuntamente aunque dos de ellos, A Pastoriza y Outeiro de Rei, se han adherido a un proyecto de la Diputación con ese mismo fin.
Como ya informó este periódico el pasado 10 de abril, el proyecto del organismo provincial prevé la elaboración de un mapa de la energía, que recogerá el trazado de esas líneas por distintos términos municipales. El coste de la redacción del trabajo será asumido a partes iguales por la Diputación y por los concellos.
En el pleno que la corporación de Castro de Rei celebró esta tarde, el alcalde, Francisco Balado, afirmó que el asunto se había comentado en alguna reunión del citado organismo comarcal y que se asumiría la iniciativa si se observase que de ese modo se actuaba con más agilidad. El regidor hizo ese anuncio en respuesta a una pregunta de la portavoz socialista, Marisa Rodríguez, que se interesó por saber por qué Castro de Rei no se había sumado al estudio promovido por la Diputación.
Hay ayuntamientos de Galicia que han dado ya pasos más concretos en este asunto. El de Narón sacó adelante una ordenanza con este contenido, estableciendo incluso tarifas según los metros que ocupen las distintas líneas. Ya el año pasado, otro concello coruñés, el de Zas, anunciaba su intención de obtener ingresos por este concepto.
Arteixo, en cabeza
El que marcó la pauta en Galicia fue el de Arteixo, que ya en las ordenanzas fiscales del 2014 establecía la regulación y las tarifas de la tasa. La decisión, tomada también por municipios del resto de España, llegó al Tribunal Supremo, que acabó fallando en favor de los intereses municipales y reconociendo su derecho su derecho a aplicar una tasa. El fallo fue contrario a los intereses de grandes compañías eléctricas.