La Justicia gallega respalda el rechazo de la Xunta a la instalación de un parque eólico en A Fonsagrada
A FONSAGRADA
El promotor, la familia Puebla (Ciudad Real), quería desplegar la infraestructura en un espacio protegido
23 ene 2026 . Actualizado a las 18:09 h.La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha respaldado este viernes la decisión de la Xunta de rechazar la solicitud de la sociedad Tevere Solar S.L. para el despliegue del parque eólico Medoutraves en A Fonsagrada (Lugo). Tal y como reza la sentencia que ha hecho pública, la autorización para construir el parque fue requerida el 7 de noviembre del 2023, pero solo veintidós días más tarde, la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais ya tenía clara su decisión, que no fue otra que la de denegar los permisos a la promotora alegando que las infraestructuras «se localizaban fuera de las áreas de desarrollo eólico incluidas en el Plan sectorial eólico de Galicia».
La sociedad decidió no impugnar la resolución y dejó pasar esa primera negativa. Lo que sí hizo fue reformular el proyecto y presentar doce días más tarde una segunda solicitud. Para poder sortear las exigencias de la Xunta, fragmentó el parque eólico en cuatro módulos de generación, con 11 aerogeneradores (30 MW de potencia instalada). Sin embargo, la jugada no le funcionó. La Administración autonómica volvió a inadmitir su petición al comprobar que las líneas eléctricas que interconectaban los aerogeneradores cruzaban la Zona de Especial Conservación «Río Eo», declarada espacio natural protegido por la Red Natura 2000. Además, el parque que Tevere Solar pretendía construir en los nuevos planos se solapaba con los de Paradanova y Reboiro, «sin que existiera el previo acuerdo de su promotora». Asimismo, los responsables de la Xunta también pusieron en cuestión la capacidad económica y técnica de la sociedad para acometer el proyecto cumpliendo con todas las garantías exigidas por ley.
Este segundo «no» sí fue recurrido por la promotora, que reprochó a los funcionarios no haberle permitido subsanar los defectos antes de pronunciarse. Sin embargo, la letrada de la Administración alegó que la subsanación «no procede cuando las infracciones de la solicitud y del proyecto son graves», como era el caso.
Los magistrados han avalado en el juicio los argumentos de la Xunta, fallando en contra de Tevere Solar S.L., que podrá recurrir al Supremo.
Una promotora en insolvencia
¿Quién está detrás de esta promotora? Tevere Solar S.L. tiene su sede en A Coruña, pero pertenece a otra compañía (Ciguas Energy S.L.), que dirige Julio Antonio Puebla Espadas, uno de los miembros de la familia Puebla (Ciudad Real), que es propietaria mayoritaria de ID Energy Group, el conglomerado manchego fundado hace 17 años que se dedica a las energías renovables multitecnología, con proyectos fotovoltaicos, biometano, biogás, baterías y eólicos.
En el último ejercicio fiscal disponible (a 31 de diciembre del 2024) el grupo presentaba unos beneficios antes de impuestos negativos (casi -2.8 millones de euros), frente a más de un millón en positivo con el que había cerrado el 2023. La compañía, de 63 empleados (2024) vincula esas pérdidas a la actividad de construcción, donde «existe una estructura de personal que no es óptima para el tamaño de este negocio, y un incremento de los gastos de estructura, derivado del esfuerzo realizado por la sociedad para poder desarrollar el proyecto de crecimiento».
Lo cierto es que desde mayo del 2025, la compañía, con un pasivo cercano a los 50 millones de euros, se encuentra inmersa en un proceso de reestructuración financiera para lograr hacer viable su actividad. Para ello, decidieron prescindir de áreas de negocio como la construcción para terceros por ser deficitarias. También han recurrido a la venta de activos. En su portafolio contaban el año pasado con 7,2 gigavatios (GW) en proyectos renovables cuyo valor asciende a más de 353 millones de euros. Algunos de esos traspasos de han efectuado a Moeve (antigua Cepsa).
El grupo también redujo plantilla. Lo hizo el 17 de julio del 2025. Tras alcanzar un acuerdo con los trabajadores, se aprobó un expediente de regulación de empleo (ERE) para 58 empleados.
A pesar de la situación en la que se encuentra, la compañía ha podido cerrar el año pasado acuerdos con empresas como Naturgy para el desarrollo de 20 plantas de biometano.