El gobierno de Campos quiere aprobar en el pleno el convenio y confía en que los populares voten igual que en los concellos
01 abr 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La apertura de las residencias y centros de día de mayores de la Diputación tiene aún varios capítulos por delante. Un paso fundamental será la aprobación en un pleno extraordinario del convenio que firmó el presidente Darío Campos con seis alcaldes y que posteriormente fue aprobado en los plenos municipales, en unos casos con el voto favorable de los ediles del PP y en otros con su abstención. Precisamente esta postura de los populares de cada municipio (Ribas de Sil, A Fonsagrada, Trabada, Pol, Ribadeo y Pedrafita) es la esperanza que tiene el gobierno que preside Campos para que el PP, que dirige Elena Candia, apoye el convenio y luego permita elaborar el reglamento y la ordenanza, que definirá el precio de cada plaza, para su apertura.
El equipo de Campos, tras las últimas declaraciones del vicepresidente Manuel Martínez, ya da por hecho que este no apoyará el convenio, pero sabe que su voto no será necesario. También en el gobierno se confía en que el BNG provincial se sume al acuerdo municipal, en la medida en que el alcalde de Ribadeo fue un defensor del modelo que le presentó Campos.
El pleno provincial que debata la aprobación del convenio marco dejará claras las posturas de cada uno de los protagonistas de un relato, el de las residencias, que ha ido variando dependiendo del momento político de turno, desde que las inició en el 2010 Besteiro y hasta que Martínez cogió la riendas de Suplusa y la Xunta aceleró los trámites para permitir su apertura. Los técnicos están preparando los informes y documentos que se elevarán al pleno extraordinario, entre ellos la estimación del coste para un año de las citadas seis residencias: 1.785.600 euros. Incluso, Intervención ya ha activado una retención de crédito de 745.000 euros para cinco meses de este año, si finalmente se abren.
Martínez explicó el pasado martes que él no va a cambiar de postura. Considera que es Suplusa la encargada de gestionar la apertura de las residencias y no la Diputación: «Nos han metido en un despropósito jurídico y administrativo que nos llevó a esta situación», dijo. Y además de dejar de nuevo en el aire la duda de la privatización de las residencias por parte de «alguien que se va a beneficiar», también apuntó «que por intereses políticos aparece no paquete a de Ribadeo para ver se así o BNG apoia a resolución administrativa da Deputación».
Pero desde el gobierno provincial recuerdan que Suplusa ya no tiene legitimidad para abrir los centros porque ha perdido su condición de medio propio. Los técnicos de la Diputación señalan que Suplusa no podrá impugnar en los tribunales que la Diputación continúe con el proceso de apertura. Eso sí, al parecer tendría esa facultad un diputado provincial, pero se enfrentaría a tener que explicar a los concellos que aprobaron el convenio en sus plenos los motivos para impedir sus aperturas.
Batalla jurídica y política
Suplusa aprobó, con el voto de Martínez y los de PP y BNG, que alguien externo a la Diputación emita un informe jurídico que aclare quién tiene la competencia sobre las residencias. Por su parte, el gobierno provincial, del que aún forma parte Martínez, considera que es la Diputación, una vez terminadas las obras de construcción, quien tiene la misión de abrirlas y gestionarlas, en este caso con los concellos, y por eso el pasado 9 de marzo aprobó en comisión de gobierno quitarle a Suplusa las competencias de las residencias terminadas y dejarle las de construcción del resto de centros aún por edificar.
Esta batalla jurídica y política tiene sus damnificados: los usuarios que demandan una plaza, los concellos que son rehenes de los permisos y de las diferencias en la Diputación y el personal que fue seleccionado en su momento por Suplusa y que ahora no podrá ser asumido por el modelo que firmaron gobierno provincial y seis concellos. El cambio de normativa impide hacer contrataciones temporales para el servicio de residencias, que necesitará de personal fijo. Campos señaló que se está a la espera de un informe jurídico que clarifique si se pueden contratar o no, pero la realidad es que hay un grupo de personas que llevan más de tres años esperando por un puesto laboral que todo parece indicar no podrán conseguir.
La letra pequeña del convenio
El convenio de la Diputación es muy claro en quién tiene derecho al uso de las residencias: «Prioridade por veciñanza e proximidade xeográfica, prioridade para o acceso aos residentes nos concellos, despois aos da bisbarra e despois aos da provincia». La Diputación quiere que cada concello apruebe su reglamento de funcionamiento, aunque pretende establecer el carácter homogéneo en toda la provincia, especialmente en cuanto a los precios. El acuerdo establece que la dirección y coordinación de las residencias «será público, con inspección pública permanente, e os servizos prestaranse directamente pola Deputación e os concellos que se adhiran ao sistema, e en ningún caso se poderán celebrar contratos que supoñan xestión indirecta, como o contrato de concesión de obras ou de servizos».
El convenio habla de plazos de apertura, y así indica que la Diputación licitará las prestaciones imprescindibles para el inicio del funcionamiento de los centros una vez que obtenga los permisos necesarios de la Xunta, y a partir de ahí abrirá los centros en un plazo máximo de dos meses. Incluso, «en casos de demoras inxustificadas por parte da Xunta poderá efectuarse a licitación sometida a condición de que se obteñan as mesmas». En el apartado de obligaciones de los ayuntamientos, se afirma que estos tramitarán los reglamentos de la actividad y los precios públicos, en el plazo de dos meses desde que se apruebe el convenio marco por la Diputación.
En cuanto a las condiciones económicas, la Diputación asume el 75% de la diferencia entre el coste efectivo real del servicio y el precio pagado por los usuarios, con las siguientes limitaciones: 600 euros por número de plazas al mes para las residencias y 300 para los centros de día, en jornada completa de 8 horas, de lunes a viernes. Si son menos horas, habrá una reducción del dinero proporcional. Por su parte, los concellos de más de 5.000 habitantes asumirán el 25% de la diferencia entre el coste real del servicio y el precio pagado por los usuarios. Si hubiese algún déficit por falta de dinero del usuario, la Diputación asumirá la diferencia. En el caso de los concellos de más de 5.000 habitantes, serán los ayuntamientos.
Empadronamiento
El convenio abre otra puerta para la cofinanciación. Se trata de la firma de acuerdos con los concellos vecinos de la sede de la residencia. El concello donde esté empadronado el usuario deberá financiar el porcentaje que le corresponde al concello de la sede durante seis meses o bien, hasta que el residente compute como habitante. En el caso en el que el municipio de origen no asuma la financiación prevista deberá abonarlo el usuario, «agás supostos excepcionais debidamente xustificados que por razóns humanitarias decidan asumir as administracións partícipes».
En sus cláusulas finales se explica la adhesión o no de los concellos. Además de los municipios citados, se incluye a Castroverde, la primera residencia terminada y que cuenta con el permiso de la Xunta para prestar servicios sociales. Su alcalde, Xosé María Arias, vinculado políticamente a Manuel Martínez, no estaba en la foto de la firma, ya que considera que la residencia forma parte de Suplusa. En el convenio se le da un plazo hasta el 20 de abril para que apruebe en su pleno el convenio, lo cual no deja de ser un elemento de presión para el regidor de Castroverde. Para esa fecha ya se habrá celebrado el pleno provincial que debatirá si se aplica o no el convenio, si este tendrá vigencia o será papel mojado y buenas intenciones. En ese momento se despejarán dudas o, por el contrario, el barullo continuará. El relato de las residencias seguirá.
1) 1,7 millones al año
Coste anual, 6 residencias
El gobierno estima que será el coste anual para la Diputación con el 100 % de ocupación.
2) 5 millones al año
Cuando estén todas abiertas
Es la estimación del gobierno cuando abran todas la residencias programadas.
3) 600 y 100 euros
Aportación máxima
La primera lo pone la Diputación y la segunda cada concello por cada plaza.