La Diputación financiará hasta 600 euros por cada plaza de las residencias

Campos llegó a ofrecer a Martínez que las pueda gestionar desde Vicepresidencia

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lugo / la voz

El presidente de la Diputación, Darío Campos, firmó ayer el protocolo de colaboración con los alcaldes de los concellos de Ribas de Sil, Pol, A Fonsagrada, Pedrafita, Ribadeo y Trabada para poner en marcha las residencias y los centros de día que construyó en los últimos años. Este documento, señaló el presidente provincial, define el modelo de gestión y el acceso a las plazas, «respectando a autonomía municipal e cumprindo coa legalidade».

Campos explicó que la suma de Diputación y concellos fue necesaria «porque a Xunta negouse a facer centros de maiores públicos na nosa provincia a pesares da súa grande necesidade, negou en reiteradas ocasións a concertar prazas públicas nos centros de maiores públicos da Deputación, cando si o fai en centros privados».

Las condiciones que pactaron ayer regidores (todos del PSOE, salvo el nacionalista de Ribadeo) y Campos recoge que los centros serán de gestión pública y que las plazas serán de manera preferente para los vecinos de los municipios donde se sitúa la residencia y el centro de día; luego para los habitantes de concellos limítrofes, y al final para el resto de lucenses.

Los seis concellos firmantes disponen de 190 plazas de residencia y 90 de centro de día. Para poder optar a una plaza se tendrá en cuenta la capacidad económica de cada uno de los usuarios y además definirá el coste de la misma. La Diputación se compromete a financiar hasta un máximo de 600 euros (dependerá de los ingresos del solicitante), y en el caso de que sea insuficiente, el organismo provincial asumirá el déficit en los centros de los concellos de menos de 5.000 habitantes, mientras que los municipios que superen ese padrón se harán cargo del posible déficit. «Isto garante o acceso universal de todos os lucenses ás residencias públicas da Deputación nos concellos», dijo Campos.

El protocolo firmado se plasmó en un momento en el que Suplusa, que preside Manuel Martínez, aún tiene la encomienda de la gestión, a pesar de que la Diputación le conminó a entregarle la documentación. También llamó la atención la ausencia ayer del alcalde de Castroverde, la residencia que podría de manera más inminente abrir sus puertas. Su regidor apuntó que lo firmado ayer «só é unha declaración de intencións», mientras que Campos afirmó: «Pode adherirse ao protocolo cando queira e poderá abrir a residencia sempre que se axuste á legalidade».

Los alcaldes, muy claros

Los regidores, en su intervención, manifestaron su apoyo a la postura que defiende la Diputación. «O Concello de Ribadeo quere estar onde hai seguridade xurídica e a seguridade xurídica absoluta e plena está na Deputación, na matriz. E non o digo eu, o din os técnicos, os interventores, os secretarios, todos os habilitados e non avogados de pago, que lles pagan e din o que ti queiras», explicó el nacionalista Fernando Suárez, criticando el acuerdo de Suplusa, apoyado por un diputado del BNG, para solicitar un informe jurídico externo que paralizó, de momento, la petición de la Diputación para hacerse cargo de las residencias.

La alcaldesa de Trabada, Mayra García, responsable de Economía en el gobierno provincial, reconoció que Campos le ofreció a Martínez la posibilidad de que la gestión de las residencias dependan del área de Vicepresidencia, que dirige el alcalde de Becerreá, «porque no que coincidimos todos os que estamos aquí é en que queremos prestar o servizo xa, pero queremos facelo conforme á lei e con estabilidade no servizo, porque isto non é como unha área recreativa que quede sen desbrozar, falamos da atención a persoas, que ten que ser diaria, constante e de calidade».

Por su parte, ayer desde el PP afirmaron que la firma del protocolo «só retrasa a apertura das residencias» y volvieron a incidir en las discrepancias en el seno del PSOE y ahora en el BNG.

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