La Diputación de Lugo aprueba pedir a la Xunta un modelo de residencias 100 % público y la financiación de la red provincial
LUGO
El pleno saca adelante la moción del PSOE con el apoyo y una enmienda del BNG y el rechazo del PP, tras un debate sobre las competencias y el modelo de gestión geriátrica
29 sep 2026 . Actualizado a las 14:02 h.El pleno ordinario de septiembre de la Diputación de Lugo aprobó una moción presentada por el Grupo Socialista por la que se insta a la Xunta de Galicia a implantar un modelo de residencias 100 % público y a asumir la financiación de la red pública provincial de centros geriátricos. La propuesta salió adelante gracias a los votos favorables de los diputados del PSOE y del BNG (con el voto de calidad de la presidenta, Carmela López, ante la ausencia de la socialista Pilar García Porto, que acudió a los tribunales como testigo en el caso Tomé), frente al voto en contra del Partido Popular.
La defensa de la moción corrió a cargo del diputado socialista Pablo Rivera, quien expuso las cifras de la atención a mayores en la provincia. Según detalló, Lugo cuenta con 54 residencias, 30 de ellas privadas con unas 3.000 plazas, de las que 921 son plazas financiadas por la Xunta. Esto implica, dijo, que 6 de cada 10 residencias de la provincia son de carácter privado, mientras que la Xunta cuenta con 4 centros públicos directos y uno en consorcio, frente a las 9 residencias gestionadas por la Diputación. Rivera denunció además que en los últimos 17 años el Gobierno autonómico «non construíu ninguna residencia pública».
El portavoz socialista criticó el plan recientemente anunciado por la Xunta para construir 24 residencias en Galicia —cuatro de ellas en Lugo: Folgoso do Courel, O Saviñao, O Páramo y O Corgo— al advertir que tendrán «xestión privada», lo que traducirá la inversión pública directa en «cero». Ante este escenario, Rivera reclamó que la Xunta asuma sus competencias legales y financie las residencias provinciales, cuyo coste anual para la Diputación supera los 2,5 millones de euros.
Por su parte, el vicepresidente de la Diputación, Efrén Castro (BNG), apoyó la iniciativa y acusó a la Xunta de «facer negocios cos seus amigos para permitir a xestión a empresas privadas en lugar de atender aos maiores da provincia». Castro criticó que la administración autonómica no financie la red provincial ni preste auxilio a los ayuntamientos —citando el caso de Sarria, que soporta un gasto anual de unos 400.000 euros por su centro municipal—.
El portavoz del Grupo Popular, Antonio Ameijide, rechazó los argumentos de la izquierda y defendió la inversión autonómica en la provincia, recordando la construcción de centros en Abadín y Riotorto, la residencia financiada por la Fundación Amancio Ortega en Lugo ciudad o la de Antas de Ulla. Ameijide sostuvo que la Xunta financia más de 2.188 plazas en la provincia, a las que se sumarán otras 260 con los nuevos proyectos.
Asimismo, el portavoz popular recordó que la Xunta aporta entre 500 y 600 euros por residente en las plazas provinciales y criticó el incremento de tarifas aprobado por la Diputación, que en algunos casos, dijo, supuso subidas de hasta el 60 % (alcanzando los 810 euros para no dependientes). Ameijide llegó a insinuar irregularidades en el acceso para trabajar en las residencia de la Diputación, calificándolas de «plataforma de colocación dos alcaldes» y afirmando la existencia de parentescos entre trabajadores y usuarios beneficiarios de la plaza laboral.
En el turno de réplica, Pablo Rivera desmintió las acusaciones sobre la gestión de las residencias provinciales, recordando que en las de la Diputación tanto la titularidad como la dirección y la gestión son 100 % públicas. Rivera contrapuso este modelo al de centros como el de la Fundación Amancio Ortega o el de Antas de Ulla, cuyas gestiones han sido derivadas a empresas privadas.
Cesión de la Casona de O Incio
En el resto de puntos del pleno, la corporación aprobó la cesión gratuita al Concello de Pantón de un terreno de 21.000 metros cuadrados para poder crear un acceso a un pantalán del río en Maiorga, en colaboración con la Confederación Hidrográfica.
Además, se aprobó por unanimidad la cesión gratuita al Concello de O Incio de la Casona, tal y como había comprometido la presidenta provincial tras visitar las instalaciones y reunirse con el alcalde, Héctor Corujo, en el pasado agosto. El acuerdo refrendado en el pleno lleva aparejado un convenio por valor de 252.000 euros entre gobierno provincial, Concello y Xunta, con el fin de rehabilitar, tras muchos años de espera, un edificio emblemático del sur lucense.
En otro orden de asuntos, salió adelante la propuesta del gobierno provincial «en defensa do mantemento e mellora dos servizos no ensino público», así como la moción del PSOE «para instar á Xunta de Galicia a atender as necesidades educativas do CEIP Virxe do Corpiño de Begonte formuladas polas familias e os docentes». En ambos casos el PP votó en contra.
Además, se aprobó con el apoyo del PSOE la moción del BNG y la abstención «para reclamar á Xunta de Galiza axudas directas ao sector agrogandeiro na provincia de Lugo polos danos e perdas ocasionados pola seca».
El debate de Ceuta
Por su parte, el PP no sacó adelante una moción «en defensa da soberanía española sobre Ceuta e Melilla e para reclamar ao goberno de España medidas ante os graves acontecementos producidos en Ceuta». Los populares denunciaron la mala gestión del Gobierno sobre la crisis de la entrada de inmigrantes, mientras que el PSOE y el BNG señalaron que la moción podía ser firmada por Vox.
«Ninguén dubida a soberanía de Ceuta e Melilla, pero aquí do que se fala é da pel das persoas que entraron. Porque tamén entraron en España 200.000 venezolanos ou miles de ucranianos trala guerra, pero aí os señores do PP non din nada», dijo el socialista Rivera. Por su parte, el popular Demetrio Salgueiro expuso los problemas que sufren a diario los vecinos de Ceuta y le dijo a los diputados del BNG: «Está ben defender aos palestinos, pero cando hai que defender aos españoles, vostedes miran para outro lado».