El PPdeG denuncia al alcalde de Muras por prevaricación: asegura que el Concello pagó 387.000 euros a bufetes de abogados «afíns ao BNG» en los últimos diez años

André Siso Zapata
André S. Zapata LUGO / LA VOZ

LUGO

Paula Prado, durante la intervención que realizó este martes en el Parlamento para valorar la denuncia interpuesta por su partido contra el alcalde de Muras
Paula Prado, durante la intervención que realizó este martes en el Parlamento para valorar la denuncia interpuesta por su partido contra el alcalde de Muras PPDEG | EUROPAPRESS

Los populares sostienen que la concesión de estos contratos menores es legal, pero consideran que alguna de las sociedades beneficiadas ha excedido el límite previsto por la ley

14 jul 2026 . Actualizado a las 21:10 h.

El PPdeG confirmó este martes que sus representantes en el Concello lucense de Muras han presentado una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Vilalba contra el alcalde del municipio, Manuel Requeijo (BNG), por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. El escrito sostiene que, desde que este accedió a la alcaldía en el 2015 tras desbancar a Issam Alnagm—representante del PP condenado por el delito que ahora le imputan a Requeijo—, el Consistorio ha estado realizando pagos continuados a dos sociedades de abogados cercanas a su partido. Una de ellas, sostiene el PP, estuvo vinculada al abogado Óscar Insua Lema, actual parlamentario autonómico por el BNG.

Según la denuncia, lo relevante penalmente no son irregularidades administrativas aisladas, sino que una de estas sociedades superó «el límite legal del contrato menor de servicios de análoga naturaleza en un mismo ejercicio económico» entre el 2019 y el 2025, con facturaciones que rondan los 27.225 euros anuales frente al tope legal de 18.150. El escrito añade que se trataría de una serie de pagos casi idénticos todos los meses.

La denuncia argumenta que el interventor municipal emitió informes de reparo suspensivo sobre esos pagos, pero que el alcalde los levantó ordenando su abono pese a conocer la «irregularidad». Los denunciantes remarcan que no se cuestiona «el pago aislado de una factura por un servicio ya prestado», sino «el mantenimiento de un sistema de facturación por encima del límite legal para ese tipo de contrato, de forma continuada». El texto también apunta a un posible fraccionamiento del contrato al repartir la facturación entre ambas sociedades para «camuflar la superación del límite legal cuantitativo», y califica de «sangrante» que estas prácticas se hayan producido en un municipio de solo 577 habitantes. En total, desde el 2015, el Ayuntamiento habría abonado a estas sociedades 387.805,4 euros.

Las valoraciones

Manuel Requeijo, tras ser consultado por La Voz, se limitó a explicar que todavía no han recibido ninguna denuncia y que tanto él como su equipo prefieren no hacer declaraciones hasta poder analizar el documento en profundidad. 

La cúpula del PPdeG quiso valorar esta denuncia este martes. Paula Prado, la número dos de los populares gallegos, aseguró que existe «un conglomerado» de empresas contratadas por el alcalde que tienen «un fío conductor» evidente, ya que «están relacionadas entre sí porque delas formaba parte o deputado autonómico Óscar Insua». Así, a pesar de defender la legalidad de los contratos menores, aseguró que estos están «por encima do límite legal que permite a lei». Por todo ello, Prado acusó  al BNG de «usar eses cartos» para «alimentar empresas afíns», precisamente, subrayó, en un ayuntamiento como el de Muras, «onde hai unha implantación de eólicos moi importante».

En este punto, la secretaria general del PPdeG quiso pasar «da parte local á autonómica» y puso el foco en otras personas que formaron parte de las empresas a las que apunta la denuncia de los populares. En concreto, además de Ínsua, Prado mencionó a Alberte Souto, «persoa que nomeou el BNG para o Consello Consultivo» y a Fernando de Abel Vilela, pareja de una de las abogadas de las asesorías y propuesta del Bloque para la vicevaledoría do Pobo, que fue vetado por el PP al considerar que no era un perfil «institucional e alonxado da polémica partidista».

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta y líder del PPdeG, fue más escueto a la hora de valorar esta denuncia. Él se limitó a explicar su preocupación porque un ayuntamiento «moi pequeno de tamaño» haya invertido «unha cantidade moi importante» en asesores «vinculados ao BNG», algo que considera «para investigar».