La Fiscalía pide dos años de prisión para un refugiado acusado de agredir sexualmente a una trabajadora de la oenegé que lo acogió en Becerreá
LUGO
Las partes no llegaron a un acuerdo en la audiencia preliminar celebrada este martes en Lugo, por lo que se fijó fecha de juicio para septiembre
14 abr 2026 . Actualizado a las 16:46 h.La Fiscalía Provincial de Lugo solicita una pena de dos años de prisión para un ciudadano maliense sin antecedentes penales acusado de dos delitos de agresión sexual cometidos contra una trabajadora de la oenegé que gestionaba su acogida en la localidad lucense de Becerreá. La audiencia preliminar celebrada este martes ante la sección de lo Penal del Juzgado de Instancia de Lugo concluyó sin acuerdo entre las partes, por lo que el caso quedó señalado para juicio oral el próximo mes de septiembre.
Según el escrito de acusación, el procesado residía en el Albergue Pensión Ancares de Becerreá desde el 14 de julio del 2024, encuadrado en un programa de acogida promovido por esta asociación, a través de la cual habría llegado a Galicia procedente de Canarias. La denunciante era técnica de acogida de esa misma organización y, por tanto, la persona encargada de atender su integración.
La Fiscalía relata dos episodios diferenciados. El primero habría tenido lugar el 14 de agosto en la piscina municipal de Becerreá, donde el acusado, según el escrito, se aproximó a la trabajadora y «le tocó las nalgas por debajo del agua, sin consentimiento». El segundo incidente se produjo un mes después en el camino que une la pensión con el centro de salud local, donde, «con idéntico ánimo», el procesado volvió a tocarle las nalgas a la víctima sin su consentimiento. Dos días después, el juzgado acordó una orden de alejamiento de 300 metros.
La acusación pública califica ambos hechos como delitos de agresión sexual previstos en el artículo 178.1 del Código Penal y reclama, además de la pena de prisión, una prohibición de aproximación a la víctima de 500 metros y de comunicación con ella durante dos años, así como ocho años de inhabilitación para actividades con menores. El Ministerio Público también interesa la imposición de una medida de libertad vigilada de tres años una vez cumplida la condena, condicionada a la realización de un curso de educación sexual.