Rechaza las fusiones obligatorias de municipios y pide que, como mínimo, se exija un referendo, y considera que los pequenos municipios pierden poder
07 mar 2026 . Actualizado a las 19:07 h.La presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, ha registrado un documento con más de 20 alegaciones contra el anteproyecto de Lei de Administración Local de Galicia y ha advertido de que «debilita a concellos e deputacións en lugar de reforzalos». A través de un comunicado, la institución provincial considera que su escrito, de 25 páginas, «desmonta» la premisa central del anteproyecto, que resume en el propósito «fortalecer o municipalismo»: «Na práctica carga aos concellos con máis deberes sen máis recursos, recorta a súa capacidade de decisión e sométeos ao control da Xunta». Carmela López cree que, si una diputación o un ayuntamiento «debe facer máis cos mesmos recursos» o «non pode organizarse como considere máis eficiente», «non son entidades locais reforzadas senón debilitadas». En este sentido, reconoce que Galicia necesita «con urxencia» una nueva ley local, pero rechaza esta y pide un «diálogo real».
Las alegaciones aparecen divididas en cinco bloques: el primero aborda las «graves deficiencias procedimentais»; el segundo se centra en las cuestiones que afectan a los municipios y el tercero, en las diputaciones; el cuarto aborda las disposiciones comunes, como el uso de la IA —sobre el que critica que se «impoñan» nuevas obligaciones—, y el quinto analiza el régimen financiero, con «propostas concretas» para modificar el sistema del Fondo de Cooperación Local.
«Desaparición» de parroquias y comarcas
Entre otros, la Diputación de Lugo denuncia que la Xunta ha «obviado» trámites legales obligatorios en la elaboración de la norma. Advierte de que no hubo consulta pública previa ni se facilitaron las memorias económicas que justifiquen el coste de las nuevas competencias que se les quieren atribuir a los municipios.
Denuncia que «desaparecen» del texto figuras «tan propias» como las parroquias y las comarcas, reconocidas en el Estatuto de Autonomía —«que nin sequera se menciona no articulado», apunta—. «Esta omisión é constitucionalmente cuestionable á luz do mandato estatutario», apunta el documento de alegaciones.
El que más alarma a la institución provincial lucense es lo que afecta directamente a los 313 ayuntamientos gallegos. «A relación de competencias municipais está redactada de forma confusa, sen distinguir o obrigatorio do voluntario, e con omisións tan graves como os servizos sociais», señala.
La Diputación lucense pide además que se suprima el artículo 15, que permite a los ayuntamientos delegar sus competencias en las diputaciones, ya que «os municipios máis pequenos e peor financiados poderían acabar baleiros de funcións e reducidos a pouco máis que un nome no mapa».
Reto demográfico
Otro de los aspectos en los que la Diputación de Lugo pone el foco es en el tratamiento de los municipios en situación de reto demográfico y cree que «merece un xuízo especialmente contundente». De su análisis deduce que los criterios del anteproyecto «son tan restritivos que deixarían fóra máis da metade dos concellos galegos de menos de 5.000 habitantes».
«As medidas de apoio previstas no pasan de declaracións de intencións, sen compromisos concretos nin dotacións orzamentarias», indica sobre este asunto y, a continuación, califica de «papel mollado» la referencia al Pacto Local de 2006. Además, la Diputación también rechaza las fusiones obligatorias de municipios y pide que, como mínimo, se exija un referéndum.
Al respecto de las propias diputaciones, el documento denuncia que el anteproyecto les impone «novos deberes» —como la asistencia a todos los ayuntamientos o la defensa jurídica de todos los municipios de menos de 5.000 habitantes— sin prever «nin un euro novo» para financiarlas. Esto, a su juicio, «equivale a baleirar a autonomía local».