A juicio la operación Carroza de Sarria: nueve vendedores, acusados de estafar 400.000 euros a 37 clientes con vehículos de alta gama
LUGO
Piden hasta trece años de prisión para los cabecillas de la trama, que manipulaba los vehículos o ni siquiera se los llegaba a entregar a sus compradores
21 sep 2024 . Actualizado a las 14:12 h.La trama de estafas en la venta de coches en la comarca de Sarria, conocida como la Operación Carroza, llega a juicio la próxima semana en la Audiencia Provincial de Lugo. Nueve acusados se enfrentan a graves cargos de fraude y pertenencia a una organización criminal. Durante tres días —miércoles, jueves y viernes—, el tribunal escuchará las versiones de las partes y de los implicados. La Fiscalía sostiene que este grupo organizó y ejecutó un plan dirigido a la venta fraudulenta de vehículos, afectando a hasta 37 personas en toda España.
Los acusados, según el Ministerio Público, formaron una estructura criminal organizada entre los años 2015 y 2016. Su modus operandi consistía en ofrecer vehículos de alta gama, principalmente BMW, Mercedes y Audi, a través de anuncios en sitios web y páginas propias. Sin embargo, tras recibir el pago total o parcial de los vehículos, estos nunca eran entregados o, en algunos casos, los automóviles no se correspondían con lo prometido: tenían problemas mecánicos, kilometraje alterado, embargos o multas pendientes.
El grupo operaba bajo la apariencia de varias empresas ficticias, que servían como fachada para ganarse la confianza de las víctimas. Los compradores, creyendo estar adquiriendo un vehículo legítimo, realizaban pagos por adelantado, pero luego los acusados cesaban toda comunicación, dejando a los perjudicados sin el vehículo ni el dinero. Esta red delictiva se mantenía en constante movimiento, y ante la presión de las autoridades, algunos de sus miembros se trasladaron a otras localidades para continuar con la estafa, dificultando su rastreo por las fuerzas de seguridad. De Sarria llegaron a desplazarse hasta Castilla La-Mancha antes de ser arrestados.
Muchos acusados con funciones específicas
Entre los acusados se encuentran los supuestos líderes de la organización, quienes además de coordinar las operaciones, eran los únicos titulares de las cuentas bancarias donde se recibía el dinero de las estafas. Otros miembros desempeñaban funciones específicas, como la manipulación de los cuentakilómetros o la administración y contacto directo con los compradores, aportando una falsa sensación de seguridad para facilitar la estafa.
Los cargos a los que se enfrentan los miembros de este grupo son múltiples. La Fiscalía los acusa de formar parte de una organización criminal dedicada a la comisión de delitos contra el patrimonio. Se les imputa un delito continuado de estafa, agravado por el hecho de tratarse de una actividad profesional y por la reincidencia de algunos de los acusados. Algunos de los implicados también son acusados de blanqueo de capitales por la gestión fraudulenta de las cuentas bancarias utilizadas en las transacciones.
En cuanto a las penas, la Fiscalía solicita hasta 13 y 12 años de prisión para los principales responsables de la trama, junto con fuertes multas económicas y el pago de las costas judiciales. Para otros miembros, las penas propuestas oscilan entre los dos y diez años de prisión, dependiendo de su grado de implicación en los hechos.
El monto total defraudado asciende a más de 400.000 euros, afectando a un gran número de personas que depositaron su confianza y dinero en la compra de vehículos que jamás recibieron. Los hechos se produjeron entre los años 2015 y 2016, cuando la organización operaba activamente tanto en Sarria como en otras localidades. La complejidad de la trama y la coordinación de sus miembros con diferentes roles dificultaron durante un tiempo su desarticulación, aunque finalmente fueron detenidos en el 2016.
Si no se llega a un acuerdo de conformidad, el juicio promete ser largo debido a la cantidad de diligencias realizadas y al número de acusados y perjudicados. De hecho, los investigados podrían recibir una rebaja de pena en caso de ser condenados debido a las grandes dilaciones sufridas por el proceso, que ha tardado ocho años en llegar a juicio.