Así explotaban tres empresarios de Lugo a dos trabajadores marroquíes: jornadas de 13 horas, sin descansos y por 650 euros al mes
LUGO
Los dueños de la sociedad aceptaron 9 meses de prisión y acordaron indemnizar con 44.000 euros a los empleados, que no tenían papeles y no estaban de alta en la Seguridad Social
17 sep 2024 . Actualizado a las 13:56 h.Los tres responsables de una empresa agroganadera del municipio de Guntín (Lugo) aceptaron este martes una pena de 9 meses de prisión como autores de un delito contra los trabajadores al reconocer que explotaron de manera continuada a dos empleados marroquíes a los que mantenían en condiciones deplorables en su granja.
Los acusados —un padre y sus dos hijos— llegaron a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para ver reducida su pena a cambio de reconocer los hechos. Además de los nueve meses de prisión cada uno, aceptaron indemnizar con 11.000 y 33.000 euros, respectivamente, a los dos trabajadores explotados.
Abusos laborales continuados
El relato de hechos de la Fiscalía, que resume la experiencia de los empleados y que los empresarios dieron por veraz al llegar a un acuerdo, profundiza en las vivencias de los dos trabajadores en esta explotación agroganadera de Guntín.
Según el escrito de acusación, los acusados, los responsables de esta explotación contrataron a los empleados en condiciones irregulares, vulnerando sus derechos laborales entre el 2018 y el 2020. No tenían papeles y vivían en España de manera ilegal. Por ello, no estaban dados de alta en la Seguridad Social.
El primer trabajador llegó a la empresa el 12 de octubre del 2018. Desde el principio, según quedó acreditado, experimentó unas condiciones laborales cercanas a la esclavitud. Los empresarios le imponían jornadas laborales de 13 horas diarias, sin descansos semanales ni vacaciones. Por estas largas jornadas, recibía un salario mensual de 700 euros. Por si fuera poco, de esta cantidad se le descontaban 50 euros, supuestamente, por el «alojamiento proporcionado» en un anexo de la explotación, que consistía en dos habitaciones y un baño, equipados solo con un hornillo eléctrico para cocinar.
El segundo trabajador fue contratado en condiciones similares el 1 de marzo del 2020, compartiendo el mismo alojamiento y jornada laboral que el primero. La Fiscalía subraya que ambos empleados aceptaron esas condiciones debido a su «situación de vulnerabilidad». Eran inmigrantes sin documentación, con desconocimiento del idioma, sin recursos económicos y con un bajo nivel cultural, lo que les impedía encontrar otros trabajos. Además, esperaban obtener los permisos de residencia a través de su trabajo.
Dejaron la granja y se destapó el caso
Durante meses, sufrieron los efectos de estas condiciones deplorables. El primero desempeñó sus labores en la granja, llamada Casa do Coxo, hasta el 12 de agosto del 2020, cuando abandonó el lugar para refugiarse en una casa de acogida. El segundo, por su parte, dejó el empleo el 4 de agosto del mismo año. En el relato de hechos, la Fiscalía destaca que las jornadas laborales y las condiciones salariales impuestas a los dos trabajadores eran «completamente contrarias a la normativa vigente en España».
Por ello, cuando la Guardia Civil tuvo constancia de lo sucedido, los tres empresarios quedaron como investigados por un supuesto delito contra los trabajadores. La Fiscalía los acusó formalmente y pedía para ellos tres años de prisión y varias indemnizaciones que alcanzaban los 23.000 euros.
Al aceptar la pena de nueve meses de prisión, se da por hecho que la condena será firme y que no habrá recurso. En el pacto no figura ningún tipo de sanción administrativa o inhabilitación para obtener subvenciones, algo habitual en casos de explotación laboral como este.