Víctima de maltrato, con un bebé a cargo y en riesgo de desahucio: «Mi casera me quiere subir el alquiler un 25%»
LUGO
Desde Stop Desahucios Lugo denuncian que las inmobiliarias y los propietarios no respetan la nueva Ley de Vivienda, y los acusan incluso de amenazar y coaccionar a los inquilinos para que paguen más
08 jun 2023 . Actualizado a las 21:00 h.En un momento en el que la vivienda se ha vuelto casi un lujo en lugar de un derecho, muchas personas se enfrentan cada mes al desafío que les supone pagar el alquiler. Para algunos, esta misión es mucho más compleja de lo que se podría imaginar. Este es el caso de Patricia —nombre ficticio—.
Ella reside desde hace años en un piso del centro de una localidad de la provincia de Lugo. Prefiere no revelar su rostro ni dar su nombre real, ya que es víctima de violencia de género por parte de su expareja. Ahora, tras huir de él, vive en este piso con su hijo, de apenas dos años.
«Cobro 590 euros al mes. Pago 200 al mes por el alquiler de este piso, pero mi casera me ha dicho que quiere subírmelo a 250, un 25%. Me dijo que quiere reformar la casa y venderla. Con gastos y comunidad, me acabaría saliendo a más de 400 euros al mes», alega Patricia.
De origen extranjero y llegada a Galicia hace unos años, construyó una vida con su expareja. Tuvieron a su hijo, pero el maltrato hizo que ella huyese a Lugo con el pequeño. Llegar a fin de mes siempre ha sido un reto para ella, pero la misión se ha vuelto ahora «imposible».
Está al día de los pagos, pero se negó a abonar esa subida
«Mi casera habló con más vecinos y la acabaron convenciendo de que tenía el alquiler demasiado barato. Cuando la llamé para decirle que la lavadora no funcionaba bien, me dijo que para lo que le pagaba no me la iba a arreglar. Pero en el contrato que firmamos pone que ella se tiene que hacer cargo de eso. Fue entonces cuando me dijo que me iba a subir el alquiler. Me dio tres meses para empezar a aplicar la subida y que si no quería pagar, que me fuera», cuenta la mujer.
Patricia se asesoró con una asistenta social del municipio en el que reside. Ella le está gestionando la solicitud de la ayuda para el alquiler que ofrece el Estado, pero todavía no han conseguido obtenerla. «Llegó el final de mes y yo le pagué el alquiler con un 2% más, que es la subida máxima que permite la nueva ley. Así que estoy al corriente de todos los pagos. Por ahí no me pueden decir nada. No estoy dispuesta a pagar más de lo que manda la ley. Sobre todo, porque no me alcanza», alega la afectada.
Según su versión, la propietaria afirma que quiere que salga de la casa para acometer una reforma y vender el inmueble. «Pero eso puede hacerlo igualmente estando yo alquilada», dice Patricia.
«Los propietarios llegan incluso a las coacciones y a las amenazas»
Además de al servicio de asistencia social, la afectada acudió también a Stop Desahucios Lugo. Este colectivo, dirigido por Mina Galván, asesoró a la afectada para evitar que perdiese su casa. Para ella, este no es más que «otro ejemplo de que las inmobiliarias y los propietarios incumplen la Ley de Vivienda por sistema».
Galván incide en que es muy habitual que los dueños «aprovechen» averías en electrodomésticos, como en este caso, para «usarlas como excusa y pedir una subida en el alquiler».
«Solo en el último mes hemos recibido a casi medio centenar de usuarios en toda la provincia que afirman que les quieren subir la cuota por encima del 2% que marca la ley como máximo en un año», dice la lucense. Para ella, en muchos casos «los propietarios llegan incluso a las coacciones y a las amenazas como pasa con [Patricia]».
Condiciones abusivas y alternativas irreales
Para ella, se imponen condiciones «abusivas» por parte de unos dueños «con los que no se puede dialogar».
Algo que suma complejidad a estos casos es que los dueños «les dicen que o asumen la subida o se van del piso». Para Galván, la segunda opción «no es realista», ya que «no hay oferta de viviendas sociales para personas que tienen sus gastos medidos cada mes y no pueden hacer frente a subidas inesperadas de este tipo».
Concluye la responsable de Stop Desahucios que es necesario asegurar que «cada persona en situación de vulnerabilidad tiene acceso a una vivienda digna para ella y para su familia».