La empresa que derribará el edificio tiene hasta el día 17 para corregir el proyecto y luego el Ayuntamiento lo remitirá a Patrimonio para obtener la autorización
11 mar 2023 . Actualizado a las 05:00 h.A 77 días de las elecciones municipales del 28 de mayo, la demolición del edificio Garañón vive una particular carrera contrarreloj por ver si llega a tiempo antes de los comicios. En su día, la alcaldesa Lara Méndez se comprometió a que tiraría el edificio antes de que concluyese el mandato, pero los obstáculos que han ido surgiendo por el camino lo ponen realmente difícil. Los cinco recursos presentados por el Banco Santander y la autorización pendiente de Patrimonio Cultural son las últimas piedras en el camino de uno de los expedientes más complejos que se recuerdan en el Ayuntamiento. Aun así, la rueda municipal sigue girando para intentar demoler la mole cuanto antes.
El Concello quiere presentar lo antes posible ante la Xunta la solicitud de autorización del derribo para agilizar la tramitación. Para ello ha de estar totalmente perfilado el proyecto de demolición, y en eso se está. El servicio de Arquitectura municipal, que fue el encargado de visar el plan presentado por la constructora contratada para tirar el edificio, introdujo algunos matices al documento y ahora la empresa ha de atenerse a ellos. Tiene de plazo hasta el día 17 y en cuanto estén corregidos, el Ayuntamiento podrá derivar a la Xunta la solicitud en cuestión. Si puede ser antes de que finalice marzo, mejor que en abril, dicen.
En cuanto el documento entre en la Xunta, el departamento autonómico de Patrimonio dispondrá de un plazo de tres meses para darle el visto bueno o rechazar la solicitud municipal, aunque también cabe la posibilidad de que demande alguna modificación y corrección. Así las cosas, el tiempo del que dispone el organismo autonómico puede abarcar hasta un trimestre, por lo que el edificio ya no se tiraría antes de la celebración de las elecciones.
El Consello de Patrimonio, que es el órgano que ha de decidir, se reúne los últimos viernes de mes, y antes de las elecciones solo estarían pendientes las reuniones de marzo y abril. El tiempo corre en contra del compromiso de la alcaldesa, aunque desde el gobierno se intenta agilizar todo lo posible.
Las cautelares
El otro frente que marcará los tiempos inmediatos del Garañón es el que recae sobre los juzgados. El Concello está pendiente de que la justicia se pronuncie sobre las medidas cautelares que solicitó el Banco Santander para aplazar la demolición del edificio, después de que fuesen rechazadas las medidas cautelarísimas que había pedido previamente. En el Ayuntamiento hay confianza en que tampoco acepten esa suspensión cautelar. Si el juzgado las rechaza, el camino estará mucho más expedito.
Aunque ahora mismo existen cinco recursos de la entidad financiera sobre el Garañón, en el Concello consideran que, si no hay medidas cautelares, en cuanto obtengan la autorización de Patrimonio podrán efectuar la demolición. Hay que tener en cuenta que el edificio, tal y como se construyó, es ilegalizable, por lo que no tiene sentido seguir esperando, argumentan. Además de no estar en regla los distintos permisos, la estructura incumple las medidas que constaban en la licencia y no se subsanaría esa irregularidad tirando una o dos plantas, puesto que habría que corregirlas todas.
Además, a la hora de gestionar las indemnizaciones no afectaría en nada que el edificio esté en pie o demolido, por lo que cuanto antes se cumplan las sentencias judiciales que ordenan el derribo, mejor.
Otra cuestión es qué ocurrirá con la parcela. El Concello apuesta por que la modificación del PXOM declare la zona con cero edificabilidad, pero la lógica invita a pensar que los acreedores querrán conservar un mínimo construible para intentar sacar rentabilidad de un solar condenado a la discordia.
Pendientes de la modificación puntual del PXOM que cambiará el uso del suelo
Son tantas las cuestiones que sobrevuelan el Garañón, que es sencillo despistarse en cuanto a todos los trámites que hay en marcha. Uno de los pendientes es la modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal que afecta a esa zona, la llamada URPI-38.
En febrero del 2020, el Concello contrató una asistencia técnica al gabinete de arquitectura GAU para elaborar una propuesta de modificación, después de que una sentencia dictase que el ordenamiento urbanístico de la zona no se ajustaba a derecho.
Un año más tarde, y tras repasas las distintas opciones planteadas en el estudio de alternativas, el gobierno local se decantó por la edificabilidad cero para la parcela, es decir, por convertir lo que en su día fue un solar en una zona verde. La alternativa más respetuosa con el medio, pero la que podría ser más cara a nivel de indemnizaciones. Ahora se está a la espera de que la empresa finalice el proyecto de modificación en base a esos criterios.
