Los destinatarios de este plan serán todos los empleados de la Diputación, altos cargos y autoridades, pero también toda persona o entidad que participe en los procedimientos abiertos por la institución y en los que se ejecuten fondos europeos de recuperación.
Acuerdo para que la energía eólica marina no destruya el sector pesquero mariñano
El pleno de la Diputación, a iniciativa del BNG, aprobó por unanimidad un acuerdo para demandar al Gobierno del Estado que priorice la defensa del sector pesquero frente al posible impacto de la instalación de energía eólica enfrente de las costas de A Mariña. La propuesta del gobierno provincial propone blindar los caladeros y zonas de actividad pesquera de la instalación de parques eólicos y, atendiendo a lo recogido en el conocido como Manifesto de Burela, firmado por los agentes económicos y sociales del sector pesquero, reclama que se realicen estudios científicos que evalúan con rigor la afectación de estas instalaciones sobre la actividad pesquera y el medio marino.
En el debate de la moción, el portavoz nacionalista Efrén Castro apeló a la unidad institucional «na defensa dun sector tradicional, que xenera alimentos de calidade e que é xenera unha actividade económica fundamental en comarcas como A Mariña».
Desacuerdos en los puntos más políticos
El pleno de ayer fue el segundo en el que el presidente José Tomé no presidió la sesión. Si hace un mes la visita del rey Felipe VI a Sarria le impidió estar en San Marcos, ayer un viaje a Madrid (para el estreno de la película de Dani de la Torre y gestiones institucionales en varios ministerios) también le impidió estar en el pleno, que dirigió la vicepresidenta provincial, la nacionalista Maite Ferreiro.
Hubo tres puntos en el pleno en los que no hubo acuerdo de ningún tipo. El primero fue la moción del PSOE para pedir a la Xunta que modifique el programa «Coidados porta a porta». Socialistas y nacionalistas consideran que el modelo de llevar buses por los concellos de Galicia para ofrecer diagnósticos, pero no soluciones, sobre oftalmología, podología o audiología sería más económico realizarlo en centros de salud que tienen los concellos «en vez de usar buses que custan 7.000 euros á semana, 4,5 millóns en buses durante 22 meses». El gobierno provincial considera que es un programa «electoralista».
Por su parte, el diputado del PP y alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado, señaló que en apenas dos meses en marcha el programa estaba siendo un éxito y lamentó que se critique su funcionamiento con apenas unas semanas. Balado, además, dijo que tanto PSOE como BNG usaron en la Diputación diferentes flotas de buses para programas de turismo, «polo que vostedes aplican a máxima de que fai o que digo pero non fagas o que eu fago». Balado calificó de moción absurda la de pedir el cambio de este programa «que sirve para dar servizos aos nosos maiores».
Fondo financiero extraordinario
Por otra parte, el PP presentó una moción para pedir que la Diputación crease un Fondo financiero extraordinario de anticipos reintegrables destinado a concellos de menos de 20.000 habitantes. El portavoz popular Javier Castiñeira señaló que se trataría de una buena medida para que los concellos que necesitasen créditos tuviesen acceso a anticipos que luego devolverían, y que dicha medida apenas tendría costes para la Diputación. Puso como ejemplos los casos de las diputaciones de Huelva, Badajoz o Sevilla.
Desde los grupos de gobierno explicaron que la medida no tendría su apoyo «xa que a Deputación non é unha entidade financiera», recordando que cuando un concello en particular necesita ayuda se le atiende, pero no de manera generalizada, recordando además que la Diputación ya anticipa la mitad del dinero del Plan Único o que la Xunta no concede ese tipo de anticipos que reclama el PP.
Debate bronco sobre Suplusa
El debate más tenso del pleno fue a cuenta de la moción del PP para pedir una comisión de seguimiento de la gestión posterior a la extinción de Suplusa. Desde las filas populares se considera que ha habido oscurantismo y recordaron los problemas que pueden surgir si se confirma la sentencia que anulaba la entrada de la Diputación en el accionariado de Tragsa, que se encarga del mantenimiento de las zonas verdes que antes asumía Suplusa.
Por parte del gobierno provincial recordaron que hubo una comisión que liquidó Suplusa, en la que estuvo el PP, y cuyo dictamen fue aprobado en pleno por todos los grupos, además de señalar que desde que la Diputación asumió el patrimonio de la extinta empresa pública se llevaron a cabo varias ventas de parcelas y se desarrollaron polígonos industriales en Chantada, Friol, Baleira, Castroverde, Ourol y Paradela.
