La trama de la compra de puestos de trabajo fraudulentos en el Hospital de Lugo puede costarles seis años de prisión a tres investigados
LUGO
Hasta 35 personas acudirán al juicio que se celebra la próxima semana en calidad de víctimas de una estafa que asciende a casi 300.000 euros y que se remonta al año 2008, antes incluso de la construcción del hospital
23 abr 2022 . Actualizado a las 17:36 h.Entre 6.000 y 12.000 euros. Eso es lo que costaba conseguir un puesto de trabajo de forma fraudulenta en alguno de los servicios externalizados del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) hace más de una década. Al menos así lo defiende la Fiscalía, que acusa a tres lucenses de lucrarse ofertando estos empleos a cambio de una importante cantidad monetaria. Hasta 35 personas fueron estafadas ya que, tras aportar el dinero, jamás obtuvieron esos puestos. Los tres acusados se enfrentan a seis años de cárcel y a indemnizaciones de hasta 291.500 euros.
La Audiencia Provincial de Lugo será el escenario de un juicio que durará tres días. Se celebrará en las mañanas del lunes, del martes y del miércoles de la próxima semana. Los investigados son un hombre y una mujer de Lugo, de 53 y 54 años, y otra mujer de Pontevedra, de 48. En la vista, los tres acusados tendrán que hacer frente a más de una treintena de denuncias de estafa.
Todo se remonta al año 2008. Entonces, según el fiscal, «los tres acusados, puestos de común acuerdo y guiados por un ánimo de lucro ilícito, idearon un plan para obtener dinero de particulares a cambio de la supuesta obtención de un puesto de trabajo en el Hospital Lucus Augusti (HULA) de Lugo, que se estaba construyendo por aquel entonces».
Los acusados no fueron detenidos hasta el año 2014. No fue, de hecho, hasta el 2012, cuando llegaron las primeras denuncias. La Policía Nacional reconoció tener dificultades por aquel entonces para localizar a todos los afectados, ya que no querían denunciar por temer ser acusados de un delito de cohecho, ya que pretendían comprar un puesto de trabajo de forma irregular.
Estas personas pagaban esas cantidades a cambio de «acceder a un empleo en alguna de las empresas que iban a gestionar servicios externalizados por el Sergas en el ámbito del referido Hospital (limpieza, cocina, ambulancias, etc.)», según el escrito del Ministerio Fiscal.
Tráfico de influencias inexistente en la Xunta
Para obtenerlos, les entregaban el dinero a dos de los acusados, hermanos, que luego le enviaban el dinero a la tercera señalada por el juez. Para convencerlos, los acusados les decían a las víctimas que les conseguirían los puestos a través de unas presuntas influencias que tendrían en altas esferas de la Xunta, las cuales no eran reales.
«Se trataría, en todo caso, de empleos fijos, aunque los acusados habitualmente no ofrecían un puesto de trabajo concreto o determinado y les pedían a los aspirantes que aportasen un currículo, que supuestamente iba a ser examinado por el personal del Sergas que decidiría, en función de las capacidades, el puesto más adecuado para cada uno», especifica el escrito.
No se queda ahí el fiscal, que afirma que los precios a pagar para la supuesta obtención de esos empleos era de 6.000, 9.000 o 12.000 euros, según los casos. La mitad de dicha cantidad se entregaba a los acusados en el momento en el que el interesado aceptaba la oferta. La otra mitad, justo antes de la firma del contrato, acto que nunca llegaba a producirse, convenciendo a las víctimas con diferentes artimañas para que efectuasen el pago del segundo plazo, tales como problemas de carácter administrativo o dificultades con los sindicatos que motivarían que dicha firma se hubiese pospuesto pero que, en todo caso, era inminente y que debían entregar el dinero.
Casi 15 años después de las estafas
Esta trama fue llevada a cabo por los acusados entre los años 2008 y 2012, «especialmente en el otoño-invierno del 2010 y 2011. Es decir, en los meses previos a la inauguración del hospital, fechas en las que parecía inminente la contratación de personal y, por tanto, el engaño era más creíble», explica el Ministerio Público.
Los denunciantes nunca llegaron a obtener el puesto de trabajo por el que habían pagado, lucrándose los tres acusados de las cantidades obtenidas. Ahora, se enfrentan a seis años de prisión y a pagar unas indemnizaciones de casi 300.000 euros en un macrojuicio que durará tres días.
