La familia que denunció a la residencia de Sarria por una presunta intoxicación recurre el cierre de la investigación
LUGO
Los denunciantes presentaron un recurso junto a un escrito de alegaciones en la Audiencia Provincial de Lugo
07 dic 2021 . Actualizado a las 05:00 h.El Juzgado de Instrucción Nº1 de Sarria archivó el pasado 19 de noviembre la investigación a la residencia de la localidad por una presunta intoxicación y presuntos tratos indebidos a una usuaria. Ante este dictamen, la familia denunciante presentó un recurso en la Audiencia Provincial de Lugo junto a un escrito de alegaciones. La abogada de los denunciantes explicó que la jueza que cerró la causa por no ver indicios de delito «solo tuvo en cuenta la versión de los denunciados».
Con respecto al episodio de la presunta intoxicación de la residente, que tuvo que se trasladada al HULA tras ser hallada inconsciente, la abogada señala que el auto de la jueza habla de una «supuesta» sobredosis por benzodiacepinas. «Resulta sorprendente que sin una pericial médica o sin un informe del Imelga concluya que no existe tal intoxicación por una analítica interpretada por el Sr. Benjamín Escontrela», defiende. Escontrela es el concejal de Servicios Sociales de Sarria y representante político de la residencia, ya que es de titularidad municipal, además, es médico de profesión. La abogada recalca que en el informe de alta de la usuaria consta la administración de Anexate, que es un medicamento empleado para neutralizar el efecto de las bezodiazepinas. También la letrada recoge en el auto que la residente está diagnosticada de alzhéimer, cuando, según la abogada, no existe ningún documento médico que lo ampare.
En lo relacionado a la otra parte de la denuncia, de presuntos tratos indebidos por haber encerrado a la residente en su habitación, la jueza dictaminó en el auto que «no existe pruebas bastante para dar mayor credibilidad a una u a otra versión», con respecto a las declaraciones de la familia y de las trabajadoras. La abogada insiste en que hay pruebas aportadas donde se reconoce que está encerrada, pero que no fueron tenidas en cuenta. Sobre la estancia en la residencia, también destaca que en el auto de cierre del caso, consta que el teléfono móvil que pertenecía a la usuaria fue devuelto. Sin embargo, «denunciantes, denunciados y testigos reconocieron que no fue así». «El propio denunciado reconoce que está en la residencia en un sobre».
Por último, la abogada de los denunciantes alegó que la jueza «obvió» que los responsables de la residencia no entregaron algunas diligencias solicitadas por el juzgado. El concejal Benjamín Escontrela y la encargada del centro de mayores declararon que el ingreso de la usuaria había sido por «emergencia social, no programado y que previamente habían estado llevándole la comida a casa». La jueza solicitó, tanto en sede judicial como por escrito, la documentación que probase esa afirmación, pero no fue entregada.