Quiere compensar la caída de ingresos con más control del fraude fiscal
15 sep 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Las cuentas de las administraciones han sufrido un desfase negativo el pasado año por culpa de la pandemia, y el Concello de Lugo no ha sido para menos. Aumentaron de forma considerable los gastos, especialmente los sociales y de apoyo a los sectores más afectados, mientras que se redujeron de forma importante los ingresos previstos por el cobro de impuestos, tasas y multas.
Como avanzó hace unos días la concejala de Economía, Paula Alvarellos, el Concello recaudó en el 2020 cuatro millones menos que en el ejercicio anterior. Ayer expuso este y otros datos de la cuenta general del 2020 a los grupos políticos de la oposición, que fueron muy críticos con el grado de ejecución del presupuesto y con la diferencia entre ingresos y gastos. El PP lamentó que se dejase de invertir 26 millones en obras, mientras que Ciudadanos advirtió que el 53 % de su presupuesto anual se va en contratos de bienes y servicios.
Alvarellos señala que el Concello pudo hacer frente a la crisis económica y al incremento del gasto por habitante en un 75 % gracias a que la economía municipal estaba saneada «y a que tenemos una deuda financiera a cero, y ello a pesar de que como ya reclamó en numerosas ocasiones la Fegamp, no hemos recibido un solo euro de los fondos covid que el Gobierno le transfirió a la Xunta», señaló Alvarellos.
La concejala socialista apuntó que de cara al 2022 «tengo la misión de intentar cuadrar las cuentas en un contexto donde hubo menos ingresos de los previstos y aumentaron los gastos, especialmente para apoyar a la gente que más lo necesita». Por este motivo, dijo que a pesar que ya están notando de forma considerable que se está recuperando la actividad económica, lo que supondrá más entrada de impuestos y tasas, van a acometer algunos cambios para intentar que sigan recaudándose tributos que hasta ahora nunca se habían recogido.
La responsable de Economía apuntó que el gobierno local está estudiando mantener la exención de tasas a algunos sectores con el fin de conseguir que puedan recuperarse de dos años muy malos por cierres o restricciones. Recordó que los hosteleros o los placeros están libres de pagar sus tasas hasta el 31 de diciembre. No significa que el gobierno vaya a renovar esta medida, pero sí al menos valoran la opción de prorrogar una situación que se puso en marcha en las primeras semanas de la pandemia.
Eso sí, la clave será conseguir ingresos alternativos para contrarrestar esa pérdida de ingresos o, por ejemplo, la caída de matrículas en escuelas e instalaciones deportivas debido a las restricciones del coronavirus, a la caída de alumnos en la Escola de Música, o la merma de dinero por multas de tráfico, entre otras actividades.
Alvarellos apuntó que por ejemplo van a implantar un sistema que simplificará la autoliquidación de tributos, con el fin de animar a que salga economía sumergida. Aunque la medida de mayor calado ha sido la contratación de una empresa externa que se encargará de sacar a flote la recaudación de impuestos y tasas que está dejando de percibir el Concello por el uso de instalaciones de todo tipo en espacios públicos.
En concreto, sería multinacionales o grandes empresas que usan lugares públicos para tener sus instalaciones (por ejemplo, el paso de la fibra) sin que hasta ahora hayan pagado las correspondientes tasas que marcan las ordenanzas. Se trata de la de aprovechamientos especiales del suelo, subsuelo y vuelo, «para garantir que as empresas explotadoras de servizos de subministración tributan realmente co 1,5 % dos ingresos brutos da facturación que obteñen anualmente dentro de Lugo».
También se pondrá el foco sobre el ICIO (Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras), y el IAE (Imposto de Actividades Económicas) para combatir el fraude fiscal. Hace unos meses apuntaron que esperaban recaudar unos 3,5 millones por estos conceptos. «No solo se trata de conseguir más dinero, si no de justicia fiscal y social», dijo Alvarellos.