Más de tres años de cárcel y multa de casi un millón de euros para dos lucenses que cerraron varias empresas para librarse de las deudas
LUGO
El tribunal da por acreditado que los implicados contaban con un grupo empresarial de peluquerías y cosmética, ya que las diferentes compañías usaban las mismas instalaciones y los mismos trabajadores
09 jun 2021 . Actualizado a las 13:58 h.Un matrimonio de peluqueros de Lugo aceptó una pena de tres años y tres meses de cárcel por delitos cometidos contra la Seguridad Social, a la que habrían defraudado casi 480.000 euros entre los años 2013 y 2016 con sociedades dedicadas a la peluquería y la estética.
En principio la Fiscalía pedía cuatro años para el hombre y siete años de prisión para la mujer, añadiéndosele a esta el delito de «frustración en la ejecución» por intentar vender varias de sus propiedades en cuanto se enteró de que tendría que hacer frente de forma subsidiaria a la deuda que había contraído con sus empresas de peluquería y cosmética en el pasado.
Finalmente, el hombre aceptó un año y ocho meses por el delito contra la seguridad social, en tanto que su mujer asumía nueve meses de prisión por este delito y diez meses por el otro. En total, tres años y tres meses. Esta pena podría ser suspendida en caso de que no delincan de nuevo en un plazo de tres años.
Esta rebaja vino condicionada, explicaba la fiscalía en la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Lugo, por las «dilaciones indebidas», ya que el proceso estuvo parado en varias ocasiones entre el 2018 y el 2021.
Además, ambos tendrán que abonar en concepto de responsabilidad civil subsidiaria más de 480.000 euros y la devolución a la Seguridad Social de 547.000 euros. También se les impuso que durante cuatro años no podrán optar a ayudas de la Seguridad Social.
Según la acusación pública, el modus operandi consistía en que, cuando una de las sociedades que creaban acumulaba deudas con la Seguridad Socia, creaban una nueva empresa y así sucesivamente, con el objetivo de no abonarlas, ya que carecían de patrimonio propio. Tras reconocer los hechos, los futuros condenados admitieron que estas empresas formaban parte, a efectos prácticos, de un mismo grupo empresarial, ya que utilizaban las mismas instalaciones, los mismos productos e incluso a los mismos trabajadores en muchas ocasiones.
