Operación Pokémon: El fiscal rebaja a quince meses la petición de pena para ocho acusados, pero mantiene en cinco años la de Liñares
LUGO
El expresidente de la Hidrográfica asegura que sufrió coacciones «durante 96 horas» cuando realizó su primer testimonio el día de su detención y pide la libre absolución
25 feb 2021 . Actualizado a las 20:42 h.Este jueves, finalizó el juicio de la pieza separada de la Operación Pokémon en la que se acusaba a Francisco Liñares, exconcejal de Lugo, de beneficiarse de favores económicos de empresarios a cambio de concederles adjudicaciones de obras públicas usando su poder como presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Tanto Liñares como los otros nueve acusados se enfrentaban a cinco años de prisión por delitos de cohecho y prevaricación.
La jornada de ayer fue densa e intensa, y sirvió para escuchar los últimos testimonios y las conclusiones de la acusación y de las defensas. Finalmente, el fiscal rebajó su petición de pena para ocho empresarios, con los que había llegado a un acuerdo de conformidad, de cinco años a quince meses. Para Liñares y Julio Franco, los únicos que se declararon frontalmente inocentes durante todo el proceso, mantuvo su solicitud inicial, aún reconociendo que se podría ver reducida por un atenuante de dilaciones indebidas.
La última vista del juicio, una pieza externalizada de la Operación Pokémon, se extendió desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde, dada la extensión de los testimonios, las grabaciones telefónicas expuestas —dos de ellas con Pachi Vázquez, exsecretario general del PSdeG— y las conclusiones del Ministerio Fiscal y de los abogados de los imputados. La sesión giró alrededor de dos temas principales, la documentación intervenida al exconcejal, que supuestamente prueba la concesión de obras de forma irregular con anotaciones manuscritas por él mismo, y la contratación y uso del vehículo y chófer aportados por la Hidrográfica de forma indirecta, los cuales terminaron sirviendo para uso exclusivo y personal de Liñares, según el fiscal.
Defensa radical de su postura
Tras finalizar la parte de testimonios y demás pruebas, llegó el turno del fiscal al cargo, que se reafirmó en su acusación de una forma contundente. Mantuvo su petición de pena de cinco años de prisión contra Francisco Liñares, acusándole de nuevo de cohecho y prevaricación. Rechazó frontalmente las peticiones de nulidad solicitadas por las defensas, incluso llegando a decir que esa posibilidad «tiene la puerta totalmente cerrada por mi parte». Se ratificó en que «se hicieron una serie de contrataciones, unas a dedo a quien resultara conveniente y otras a concurso, falseando y llenando el cupo de candidatas de forma artificial», en las que intervinieron tanto los empresarios —ocho de forma continuada y Julio Franco solo en una ocasión— junto a Liñares, «con quien tenían un acuerdo evidente». Afirma que «los acusados no solo pagaron, sino que facilitaron que se hicieran de una forma aparentemente legal, aún sabiendo que vulneraba claramente la ley».
Además, y haciéndose eco de los testimonios de los acusados, sostuvo su conclusión en que «las pequeñas diferencias en las declaraciones de los empresarios, en las que algunos dicen que Liñares decidía la cantidad exacta a pagar y otros que no lo hacía, por ejemplo, no hacen más que mostrar que su relato es real, y no impostado y fingido». Se mostró tajante con respecto a la conexión entre las «gratificaciones» de los empresarios y las adjudicaciones: «Las cantidades obedecen claramente a un regalo por las concesiones de las obras. El resto es palabrería, eufemismos».
«Se ha comprobado que había un concierto entre Liñares y los empresarios para romper las reglas de la buena fe del interés público en los concursos, vulnerando esos principios, y que se adjudicaron de forma directa a quien se consideró conveniente, con la aportación de gratificaciones de forma previa o posterior para conseguirlas», explicó.
Con respecto a las quejas de la defensa por la invalidez de la declaración de Liñares en la noche de su detención, aseguró que ese testimonio «no se produjo tras coacciones», y que «no se puede exigir a los agentes en esa situación que se tapen los oídos para no escuchar».
Finalmente, admitió que no se tiene constancia de una entrega de dinero o de un testimonio en el que se evidencien los pagos, pero dice que los acusados «tendrían que haber sido muy torpes para haber hecho eso» y que «eso no invalida o desvirtúa todo el resto de pruebas».
El chófer: «Liñares me mandó llevarle gulas y marisco al secretario de Estado en el coche oficial»
Uno de los temas centrales de la jornada fue, sin duda, el uso que Liñares le dio al coche aportado por la empresa Proyfe, el cual venía acompañado de un chófer propio. Según los testimonios, el expresidente de la Hidrográfica ya contaba con un chófer, pero «le venía mal» llevarle de Lugo, donde residía, hasta Ourense, donde está la sede de la institución. Por lo tanto, y aprovechándose de una cláusula del contrato con la empresa de asesoría técnica, solicitaron un coche con chófer. Sin embargo, este servicio «estaba destinado a transportar a los ingenieros de Proyfe que trabajaban en la Hidrográfica», no al expresidente, según Ignacio Maestro, actual director xeral de Mobilidade de la Xunta y en aquel momento director del contrato entre Proyfe y la Hidrográfica. Por lo tanto, los traslados personales de Liñares no estaban contemplados en el contrato.
Mucho menos actividades como la que relató el propio chófer. Según él mismo confirmó, su jefe le hacía llevarle a lugares como Madrid, Valladolid y Oporto, en donde incluso llegaban a pasar días «a gastos pagos». En una ocasión, llegó a viajar hasta Barcelona para «entregarle gulas y marisco al secretario de Estado», tras haber viajado a Pontevedra para recoger el obsequio. Según Proyfe, ellos no sabían el uso que se le daba a su vehículo y su chófer.
El fiscal, por su parte, sostiene que «los gastos particulares los terminó pagando la Administración Pública a través de la Hidrográfica», y dice fue «mucha casualidad» que se recomendase para el puesto a un conocido de Liñares, ya que este había sido policía local de Lugo anteriormente. Incluso se le llegó a dar un teléfono móvil propio, el cual Liñares le requirió en alguna ocasión «porque tenía miedo de que le hubiesen pinchado el suyo», según dijo. Sin embargo, no llegó a confirmar haber escuchado alguna conversación comprometedora de «don Francisco», como él le llama.
«No hay que ser un experto para ver que la letra de los documentos intervenidos es la suya»
Una de las diligencias que más quebraderos de cabeza le dio al fiscal durante la sesión fue la de los manuscritos intervenidos en los registros de la vivienda de Liñares. En todo momento, tanto él como los agentes de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera implicados sostuvieron que la letra era la del expresidente de la Confederación. Sin embargo, tanto él como su abogado lo negaron tajantemente,
«No se realizó ningún análisis técnico, pero bajo nuestro criterio, la caligrafía es la suya». Esto dijo uno de los agentes que requisaron los papeles de una de las casas de Liñares. Dice que compararon la letra con la de un diario de anotaciones que tenía el acusado, en el que iba apuntando los gastos de la reforma de una de sus casas, y que «las similitudes en la caligrafía son evidentes». Incluso explica que, en unos papeles, se podían observar unas abreviaturas en manuscritos con las iniciales de los empresarios, en donde aparecía apuntado que podrían estar pagando unas comisiones por la licitación de obras de entre el 0,15 y el 0,25 %, según su testimonio.
Además, el fiscal añadió que Liñares hubiera «alertado rápidamente de que alguien estaba realizando anotaciones con pagos extra en sus documentos, si no hubiera sido él el autor».
La defensa lo negó frontalmente, y dijo que la falta de un análisis pericial significaba que no se podía probar que fuese suya. «Mi cliente no tiene que probar su inocencia, sino ellos su culpabilidad», dijo.
La defensa de Liñares alude a la «falta de pruebas» para solicitar la libre absolución
Durante su intervención final, Evaristo Nogueira, abogado de Francisco Liñares, se reafirmó en su petición de libre absolución para su cliente. En una respuesta durísima al relato del fiscal, Nogueira aludió a la «falta de pruebas» que evidencien la culpabilidad de su cliente. «Para pedir cinco años de prisión para una persona hay que tener algo más, por dios», llegó a decir. También cargó contra los testimonios del resto de acusados. Al menos, contra aquellos que habían llegado a un acuerdo con el Ministerio Fiscal. Aunque «respeta su estrategia de defensa», no entiende la razón por qué «su relato es completamente diferente al que defendían antes», sugiriendo que lo habían hecho para evitar la prisión. Por consiguiente, puntualizó que estos testimonios «pierden valor», y que «desde luego no son suficiente para acusar a mi cliente de esos delitos».
Acusó al fiscal de basarse en «conjeturas», con pruebas «muy pobres» como la «falta de análisis de su letra», la «confesión inválida» o la «falta de testimonios donde se confiesen delitos».
Con respecto a la detención de Liñares en Santa Comba el 20 de septiembre del año 2012, dijo que ese testimonio «no podía ser considerado como válido en ningún caso», ya que el propio Liñares comentó en su intervención final que sufrió coacciones «durante 96 horas», y que «me forzaron a poner unas cantidades al lado de unas empresas en un papel, las cuales yo me inventé para salir de allí, y ahora el fiscal las usa para acusarme». Terminó con un «eso dice mucho de la validez de la acusación». El abogado de Julio Franco, el único empresario que se declara inocente, puntualizó que «Liñares hubiese acusado a cualquier persona del mundo en el estado en el que se encontraba». Nogueira, por su parte, finalizó con un «pido la absolución y la pido convencido».
