Acabado el proceso penal, queda Garañón de cemento para rato

Lorena García Calvo
lorena garcía calvo LUGO / LA VOZ

LUGO

El Garañón empezó a construirse en el año 2007
El Garañón empezó a construirse en el año 2007 OSCAR CELA

Un gabinete de arquitectura está contratado para valorar las opciones del PXOM

05 feb 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

El archivo del caso Garañón por parte de la Audiencia Provincial de Lugo ha puesto fin esta semana a un largo proceso judicial del que Gómez Besteiro y López Orozco han salido exculpados. El proceso penal ha finalizado, pero el esqueleto del edificio que fue germen de todo continúa en pie, y todo apunta que para rato.

Mucho antes de que se colocase el primer ladrillo (en el año 2007), el Garañón ya estaba envuelto en polémica, y se ha pasado la última década judicializado y con el cemento al desnudo esperando la piqueta. Han transcurrido diez años desde que la jueza Pilar de Lara ordenó la paralización cautelar de las obras (fue en noviembre del 2010), y a estas alturas el Concello de Lugo continúa intentando resolver un asunto que nació torcido y que a día de hoy recae en manos de Lara Méndez, como si de una herencia envenenada se tratase. La regidora, cuando se constituyó la nueva corporación, se comprometió a derribar el edificio este mandato, pero no será tarea sencilla.

A la hora de deshacer la tela de araña del Garañón el Concello tiene varios frentes abiertos, comenzando por la sentencia que obliga a cambiar el Plan Xeral. Hace justo un año, el Ayuntamiento adjudicó a la empresa GAU la asistencia técnica para modificar la zona de O Garañón, la CS-5. El contrato establecía un plazo de 25 meses de los que ya han transcurrido casi la mitad, pero el gobierno está convencido de que no se agotará el plazo. Su tarea es estudiar las distintas posibilidades que hay a la hora de cambiar el Plan Xeral en lo que afecta a esa unidad del planeamiento.

Una vez que la asistencia técnica tenga su informe, serán los técnicos municipales los que lo valorarán. En uno de los últimos plenos del anterior mandato la corporación había acordado que la modificación del PXOM se llevase a cabo buscando la decisión menos gravosa económicamente, pero que a la vez permitiese la menor edificabilidad posible en las parcelas. Está por ver si las dos cuestiones son compatibles.

El promotor, en concurso de acreedores

El otro frente que permanece abierto es la demanda del promotor, que llegó a estimar en cerca de 30 millones (inicialmente habían sido 26) lo que debían compensarle por las pérdidas ocasionadas. En este punto también se complica el tema, puesto que el constructor que impulsó el Garañón entró en concurso de acreedores y ahora mismo el interlocutor del Concello es el administrador concursal. En cuanto a las indemnizaciones, en su momento el gobierno local ya había dejado caer que otras administraciones, como la Xunta, podrían tener su corresponsabilidad, y que habría que analizarlo.

El tercer frente que afecta al esqueleto de cemento de las cuestas del parque es la anulación de la licencia de urbanización y edificación que pesa sobre la construcción.

Fuentes del Concello señalan que están trabajando en los tres ámbitos y dando cuenta periódicamente de los avances a la jueza que supervisa el caso. Como ya manifestó públicamente, Méndez es partidaria de derribar el edificio y apostar por la zona verde. En todo caso, habrá que aguardar a ver en qué términos se modifica el PXOM que afecta a la zona. Será clave.

Tres sentencias judiciales pesan sobre el edificio

Sobre el Garañón pesan tres sentencias. La primera, del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, data del 2009 y anula el proyecto de urbanización. Es decir, lo que concierne a las calles, las zona verdes, las infraestructuras, etc. Esto se debió a que el tribunal entendió que era necesario un informe de Patrimonio que no se incluyó. En aquel entonces el Concello esgrimió que en suelo urbano existía un acuerdo tácito con la Xunta para casos como este que lo hacía innecesario.

Al anularse la urbanización, se anuló también la licencia municipal de construcción. Esto sucedió en el año 2011. El gobierno local intentó retrotraer los trámites del informe, lo solicitó, pero fue denegado. Recurrió y el recurso también se desestimó.

El tercer pronunciamiento judicial llegó en marzo del 2017. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se manifestó sobre el recurso presentado por la Asociación na Defensa do Parque de Rosalía atendiendo su pretensión sobre el PERI y su incorporación al planeamiento. El colectivo pidió también la ejecución de la sentencia, intentando que se demoliese el esqueleto, pero el TSXG aclaró que lo que establecía era que debía reponerse la legalidad, sin entrar en más detalle.

En el 2018, el tribunal remitió una providencia al Concello reclamando la ejecución de la sentencia, es decir, la reposición de la legalidad, a riesgo de encajar multas.

Cronología

Noviembre 2005: El pleno aprueba el PERI de los solares, la CS-5

El pleno del Concello aprueba el PERI de los solares del Garañón y lo comunica a la Xunta, que no hizo requerimiento alguno.

Febrero 2007: Aprobación definitiva del proyecto de urbanización

La junta de gobierno local aprobó el proyecto de urbanización: 10.650 metros cuadrados y 2.660 para zonas verdes.

2007: Recurso contencioso de la asociación

La Asociación Cultural en defensa do Parque presenta un recurso contencioso-administrativo poco después del okey al proyecto.

Marzo 2008: Concesión de la primera licencia de obra

La junta de gobierno concede la licencia de obra de construcción de la primera fase del edificio.

2009: El Contencioso anula la urbanización

El Contencioso 2 da la razón a los vecinos y anula el proyecto de urbanización, ordenando volver atrás el expediente. Lo ratificó el TSXG.

Abril 2011: Anulada la licencia de construcción

El Contencioso anula la licencia de edificación al estimar un recurso de la Xunta. Considera muy grave que falta un informe de Cultura. El TSXG invalida la aprobación del proyecto de urbanización.

2017: El TSXG deja sin efecto la ordenación urbanística

Tercera sentencia del TSXG: deja sin efecto la ordenación urbanística del terreno.