El Concello dice que la mayor parte de las familias no acude a servicios sociales
03 ene 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Durante los tres primeros trimestres del año 2020 —del cuarto todavía no hay datos—, 78 personas perdieron su vivienda en la provincia de Lugo. Este dato representa un descenso de casi el 50 % con respecto a años anteriores. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número de lanzamientos judiciales (desahucios) de la provincia es el más bajo registrado desde el año 2013, cuando se empezaron a contabilizar. Hasta el año 2020, la media de los tres primeros trimestres de cada año era de 152 desahucios, casi el doble de los 78 que se han anotado en Lugo desde el 1 de enero del 2020.
En total, más de 1.770 personas perdieron su vivienda en la provincia desde que se recopilan datos, muchas de ellas debido a los efectos de la crisis económica iniciada en septiembre del 2008 con la bancarrota de Lehmann Brothers, en los Estados Unidos, y que azotó especialmente a España entre los años 2012 y 2013. Desde entonces, las cifras han ido en descenso, tras haber tocado techo en el 2013 con 209 desahucios. Solo hubo un repunte en el 2019, cuando subió en 25 casos con respecto al 2018.
El proceso que tiene que pasar una familia tras quedarse sin casa es complicado. Primero, suele acudir a los servicios sociales de su municipio, o solicita recursos en asociaciones como Cáritas o Cruz Roja. Desde la Xunta, y concretamente desde la Consellería de Política Social, ponen a disposición de las personas más desfavorecidas el programa Reconduce. Según ellos mismos, este servicio sirve para «atender ás persoas e familias en risco ou situación de desafiuzamento da vivenda habitual, para darlles apoio». Además, ofrecen ayuda antes incluso de que ocurra el desahucio, con el objetivo de impedirlo, por lo que es un servicio que ayuda a cientos de personas en toda Galicia cada año.
Según datos de Política Social, se han procesado 24 expedientes en el Programa Reconduce durante el año 2020. Fueron 13 menos que durante el 2019, pero 8 más que en 2017, primer año del que existen datos. El programa está financiado con fondos europeos, y «está formado por un equipo interdisciplinar integrado por técnicos especializados en dereito, economía-financeira, psicoloxía e traballo social», según especifican en su propia web.
Desde la Concellería de Benestar Social del Ayuntamiento de Lugo, Olga López, la concejala, lamenta que «non tódalas persoas que están en risco de desafiuzamento acudan aos servizos sociais municipais». Este hecho crea una dificultad añadida, la de no poder ofrecer ayuda pública a muchas personas que la necesitan, ya que el Concello ni siquiera tiene constancia de los problemas de estas familias.
López, además, hace hincapié en que no todas las personas que acuden a los servicios sociales por esta razón terminan siendo desahuciadas: «De feito, é o Concello quen, a través de axudas ao aluguer ou ás hipotecas, consegue frear estes desafiuzamentos en moitos casos. O obxectivo é poder axudar a estas persoas mentres se poida, polo que é clave atallar o problema o antes posible. Canto máis tarde, máis difícil resulta protexer a estas familias». La poca oferta de vivienda pública y de protección oficial en Lugo, además, impide reubicar a estas familias de una forma más sencilla de lo que es en realidad, según la concejala. «Desde o Concello facemos un esforzo económico tremendo ao axudar a pagar alugueres e hipotecas para estas persoas, que soen estar incluso en risco de exclusión cando acoden aos servizos sociais», explica López. Según dice, el Concello de Lugo dedica más de 300.000 euros cada año a estas tareas, divididos en dos partes para pagar alquileres e hipotecas.
Stop Desahucios: «Nunca conseguimos reubicar a ningunha familia, a lei actual non é suficiente»
Como en muchas de las grandes ciudades de España, la organización Stop Desahucios trabaja para ayudar a las personas que están en una situación de riesgo de perder su vivienda habitual. En el caso de Lugo, la coordinadora del colectivo es Mina Galván. Desde su punto de vista, «conceder esta clase de axudas debería ser unha prioridade para a Xunta e o Concello, e aínda hai moito traballo por facer». Según datos de la organización, «o 90 % dos casos que atendemos son familias», dice Galván. Ella afirma que el apoyo institucional y la premura son vitales para este tipo de personas, quienes «non poden esperar a que se demoren os trámites para darlles axuda, que é o que pasa actualmente», dice.
Según Galván, el perfil típico de las personas que acuden a solicitar ayuda a sus oficinas, es el de «persoas maiores, que teñen unha pensión mínima que non lles chega para pagar o aluguer e comer; e familias nas que os pais perderon o emprego e non conseguen incorporarse de novo ao mercado laboral, ou xente con alugueres a prezos esaxerados». El camino que deben recorrer estas familias es largo. Primero, suelen acudir a los servicios sociales del Concello o a plataformas como Stop Desahucios, y terminan derivadas al programa Reconduce de la Xunta, como recordaba la concejala de Benestar Social de Lugo, Olga López, «porque son eles os que teñen as competencias en Vivenda».
La conclusión de Galván, por lo tanto, es dura: «Nunca, en sete anos, conseguimos reubicar a ningunha familia. A lei do Goberno estatal está ben, porque paraliza os desafiuzamentos, pero logo hai que poder darlle unha nova casa a esta xente. Non é suficiente».