El Ministerio de Justicia creará un nuevo Xulgado do Social en Lugo

La iniciativa tiene el objetivo de evitar la saturación administrativa creada por la pandemia


LUGO

El Ministerio de Justicia creará tres nuevas unidades judiciales en Galicia para evitar la saturación por la pandemia, uno de ellos en Lugo. En concreto, serán tres juzgados de lo social: el número 7 de A Coruña, el 4 de Lugo y el 7 de Pontevedra, en Vigo. El Ministerio estima que puedan estar en funcionamiento a finales de este año. 

El Consejo General del Poder Judicial remitió que la administración judicial necesitaba «un impulso efectivo que permita dar una salida ágil al volumen de procedimientos suspendidos y acumulados desde que se decretó el estado de alarma». Ya que durante la crisis sanitaria se produjo una ralentización estructural de la administración.

La Subdelegada de Gobierno de Lugo, Isabel Rodríguez, aplaudía esta «buena noticia» dada la saturación de los procedimientos. La alcaldesa, por su parte, quiso dar las gracias al Ministerio por «atender ás reivindicacións da sociedade lucense e autorizar a creación deste novo Xulgado do Social que aportará celeridade á resolución de cuestións que, no contexto actual, son de absoluta necesidade». Lara Méndez recordó que el proceso de refuerzo de la administración judicial se remonta a febrero de 2019, tras denegarse la primera petición. En este momento, el ejecutivo local inició una serie de conversaciones con la anterior ministra, Dolores Delgado, que culminaron con el acuerdo de reforzar esta Sala, como paso previo a su creación definitiva. La sala cuenta con una asignación económica y estructural de personal, formada por un juez, un letrado y tres funcionarios.

Más planes de mejora

Además, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció la aprobación de un «ambicioso plan de actuación» con medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la covid-19 y «aliviar» la acumulación de litigios derivada de la crisis sanitaria. Este plan, explica Justicia, se despliega en dos fases y afectará a un total de 315 juzgados, «principalmente a los órdenes de lo social, mercantil y contencioso-administrativo». Permitirá adecuar la planta judicial a las necesidades derivadas de la crisis en un plazo de 3 años, y un tercio de las plazas se crearán en el primer año.

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