La Policía Nacional denunció a otra persona por falsedad documental. Utilizó el nombre de un excompañero de trabajo de su marido para evitar pagar una multa de tráfico
18 ago 2020 . Actualizado a las 11:01 h.Agentes de la Policía Nacional adscritos a la comisaría lucense han detenidos a dos mujeres. Una es vecina de la ciudad, de 46 años de edad, y está acusada de estafar 50.000 euros a un anciano que vive en una residencia de mayores. La otra, tiene 68, es una vecina de Outeiro de Rei y está acusada de falsedad documental por utilizar el nombre de otra persona para evitar pagar una multa de tráfico de 250 euros.
En el primero de los casos, fue la persona mayor la que alertó a uno de sus familiares de que le habían desaparecido de la cuenta bancaria 50.000 euros, además de otos objetos como joyas, electrodomésticos y ropa. Los agentes determinaron que la autoría de la estafa puede estar relacionada con la amistad que mantenía la investigada con una empleada de un comercio al que acudía habitualmente la persona estafada antes de entrar en la residencia. Según las pesquisas, la mujer ahora detenida habría acudido al banco con la perjudicada para retirar el dinero, después de recogerla en la residencia y dejarla también posteriormente.
La investigación relativa a la otra mujer, detenida por un delito de falsedad documental, está motivada por la denuncia de un vecino de la ciudad que por motivos laborales ya no reside en Lugo. Denunció que su cuenta tenía un embargo del Concello por impago de una multa de tráfico en la calle Franco, y de un vehículo que desconoce. Este denunciante acreditó que, cuando se le imputa la infracción de tráfico, está en Mallorca. Por eso, los agentes empiezan a hacer comprobaciones y pesquisan que la titularidad del vehículo se corresponde con la de la persona detenida. El vehículo fue denunciado por estacionar incorrectamente y la persona comunica a la autoridad denunciante que el conductor era el ahora perjudicado, por lo que ofrece sus datos personales y un domicilio que no existe. Los agentes creen que esta persona pudo obtener los datos del perjudicado a través de su marido, que había trabajado con él.