Dos comuneros denunciaron a los otros 21 para arrebatarles las propiedades y expulsarlos de la mancomunidad
05 ago 2020 . Actualizado a las 11:56 h.La parroquia de Vilaxuste, en Portomarín, está de plena actualidad. Bien podría tratarse del escenario de una película de vaqueros, cuyos protagonistas, los comuneros, se enfrentan por la posesión de una propiedad colectiva hasta límites insospechados. De hecho, solo faltarían los bandidos, John Wayne y una ambientación más semejante a la del viejo oeste estadounidense, porque el guion lo tenemos.
Hace poco más de un año José Manuel Rodríguez y Abel Sufuentes, dos vecinos de Vilaxuste, denunciaron a 21 de los 30 comuneros que tienen propiedades en la mancomunidad del Monte do Rañadoiro, cuya extensión se acerca a las 600 hectáreas. Alegaban que sus vecinos no reunían los derechos para ser miembros del dominio y pedían expulsarlos a todos de la agrupación. Así, las tierras pasarían a ser todas suyas. El juzgado de Chantada les quitó la razón, pero los dos demandantes, no contentos con el resultado, optaron por recurrir a la Audiencia Provincial, que no solo frenó sus pretensiones sino que les obliga a pagar las costas del proceso.
El germen de la polémica
«Conflitos co monte houbo toda a vida, pero dende hai uns anos atrás, agraváronse moito máis», comenta Andrés Luis Vázquez, uno de los comuneros denunciados, que no termina de comprender los movimientos de sus vecinos. «Houbo algúns membros, en concreto foron dous os que se puxeron ao fronte da denuncia, que pretendían quedarse co monte todo para eles», continúa Andrés, a lo que José Manuel Fernández, otro de los afectados, añade que «querían ser os xefes de Vilaxuste, controlalo todo, pero saíulles mal». Además, los copropietarios lamentan que sus compañeros no hayan propuesto «ninguna alternativa» antes de llevarlo todo a los juzgados.
Sin pies ni cabeza
En la denuncia, que se dirigía a 21 de los comuneros, alegaban que estos no reunían los derechos requeridos para ser dueños de la extensión. ¿Los motivos? «Dicían que éramos xubilados ou que tiñamos cargos públicos que non eran dignos dun comuneiro», explican los afectados, que coinciden en que «a intención era quitarnos os dereitos a toda costa e deixarnos sen nada».
El problema viene de largo: «A idea desta xente sempre foi que non se puidese plantar, así xa tiñan parte do obxectivo conseguido e moitos veciños deixarían en desuso as súas parcelas, que irían recaendo nas súas mans», aclaran los vecinos, que se vieron obligados a fijar unos derechos forestales y agrícolas por los que pagan una cuota anual para poder mantener sus explotaciones de pino y eucalipto, frente a esta minoría de condueños, que disfrutan igual de sus tierras y subvenciones pese a que «non pagan un duro».
Ahora, la Audiencia Provincial ratifica la sentencia del Juzgado de Chantada y deja los terrenos en manos de la treintena de vecinos que integra la comunidad, dando por válidos los derechos de todos ellos y condenando a los denunciantes a pagar la cuantía del proceso judicial.