Vilaxuste, el pueblo donde dos comuneros quisieron apropiarse del monte de los otros 23

La Audiencia Provincial de Lugo ha fallado en su contra y les ha impuesto las costas del juicio

Dos vecinos de Vilaxuste querían apropiarse el monte de otros 23 comuneros
Dos vecinos de Vilaxuste querían apropiarse el monte de otros 23 comuneros

lugo / la voz

Dos y dos no son cuatro. Al menos en Vilaxuste, un pueblo de Portomarín donde dos comuneros querían imponer su voluntad sobre 23 y apropiarse del monte y las propiedades de todos ellos expulsándolos del colectivo. Pero la justicia impuso la ley y las matemáticas, desmontando las pretensiones de dos comuneros sobre los 23 restantes. Fue en una sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo dictada esta misma semana, que ratifica a otra del juzgado de Chantada que ya se había pronunciado en el mismo sentido.

Todo empezó cuando dos vecinos de esa parroquia, José Manuel Rodríguez y Abel Sufuentes, pusieron una demanda judicial contra los 23 comuneros restantes del monte en mano común de Vilaxuste. Alegaban que no reunían los derechos para ser comuneros por distintos motivos y por tanto pedían expulsarlos a todos de la comunidad, que en ese caso pasaría a ser únicamente de ellos dos.

El juzgado de Chantada falló en su contra en febrero del año pasado, pero los dos mencionados recurrieron a la Audiencia Provincial, que otra vez volvió a fallar en su contra y este vez ya les impuso los gastos del juicio.

Los vecinos de Vilaxuste manifestaron ayer su satisfacción porque la justicia los ampara: «Pretendían quedarse con las tierras y derechos que los otros 23 comuneros poseemos en la parroquia de Vilaxuste, así como con los prados, cultivos, plantaciones de pino y eucalipto... con la excusa de que todos estaban jubilados, eran muy mayores o tenían ocupaciones diversas que según ellos no eran dignas de un vecino comunero», explican los afectados.

 Doble satisfacción

La satisfacción es doble porque los vecinos que ahora se ven protegidos por la justicia aseguran que «antes de salir la sentencia sufrieron diversas presiones» dado que los dos demandantes y otros recurrían actos administrativos de la comunidad como por ejemplo una segregación de terrenos aprobada por la asamblea general de la comunidad y autorizada por la Xunta.

Los 23 comuneros que ganaron el pleno recuerdan también que la demanda judicial les sirvió a los que trataban de apropiarse de los terrenos para incumplir los acuerdos de la asamblea y poner en duda incluso la legalidad de la comunidad por el simple hecho de haber interpuesto una demanda, que ya habían perdido en primera instancia.

Si los dos demandantes hubiesen conseguido expulsar a los otros 23 como pretendían, se habrían quedado con terrenos y zonas arboladas valoradas en millones de euros.

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