El Poder Judicial, sobre De Lara: «Conducta infractora, descontrol y falta de supervisión»

La Voz LUGO / LA VOZ

LUGO

El Consejo General del Poder Judicial justifica su decisión de desestimar el recurso de la jueza, lo que supone apartarla de su puesto en Lugo. Aún puede recurrir al Supremo

08 nov 2019 . Actualizado a las 09:28 h.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) notificó en las últimas horas a la jueza Pilar de Lara el acuerdo tomado el 26 de septiembre que desestimaba su recurso de alzada y confirmaba la sanción de siete meses y un día de suspensión de empleo y sueldo y la pérdida de la plaza en Lugo. Ahora solo falta lo que pueda decir en los próximos dos meses el Tribunal Supremo, al que la jueza anunció que recurrirá..

El informe del órgano sancionador del Consejo General del Poder Judicial es demoledor al analizar la forma de trabajar de Pilar de Lara: «Muchas irregularidades detectadas, como paralizaciones o largos períodos de inactividad sin resolver las diligencias de investigación o instrucción; no dictar resoluciones en plazos mínimamente razonables; diligencias que fueron consideradas inútiles o prospectivas [buscar posibles delitos de cualquier tipo sin tener evidencia] y por ello inadecuadas para el esclarecimiento de los hechos; apertura de piezas para no acordar ninguna actividad en ellas; abandono selectivo de causas en el despacho; recopilación ingente de documentos; desorden cronológico en la formación de autos; confusión de resoluciones en la causa principal y piezas separadas, evidenciando en definitiva un retraso y dejación generalizada [...] sin un mínimo control de la evolución de la instrucción y falta de exigencia al personal del juzgado del cumplimiento de sus obligaciones».

En definitiva, el Consejo entiende que el juzgado funcionaba de forma tan irregular que violaba literalmente los derechos de los administrados, y así lo dice en algunos párrafos: «Corresponde al juez de instrucción buscar un equilibrio entre el interés del Estado en la persecución de hechos y actos punibles [...] y garantizar al mismo tiempo el respeto por los derechos de los intervinientes en la investigación penal», dice el documento, de 104 páginas. A lo largo de la exposición van quedando reflejadas casi cien irregularidades, especificadas una a una, desde olvidos de documentos a largos paréntesis de hasta tres años sin tomar decisiones. Y a pesar de que en algunos casos el sumario tiene decenas de imputados con algunos de sus bienes bloqueados y sus derechos reducidos. Lo cual le reprocha la comisión disciplinaria de la siguiente manera: «La instrucción criminal [...] faculta para adoptar medidas cautelares que puedan afectar a derechos fundamentales de la persona, pero debe respetar algunos principios como el derecho de defensa, a conocer la imputación, de contradicción e igualdad entre las partes, para garantizar la legalidad del procedimiento».